El Departamento de Justicia y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor Realizan Acuerdo Conciliatorio de 98 Millones de Dólares en Resolución de Alegatos de Discriminación de Crédito para Vehí...

WASHINGTON – El Departamento de Justicia y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor [Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)] anunciaron hoy el mayor acuerdo conciliatorio realizado por el gobierno federal en relación a alegatos de discriminación en el otorgamiento de préstamos para la compra de vehículos alegando que Ally Financial Inc. y Ally Bank, con sede en Detroit, exhibieron un patrón o práctica nacional de discriminación contra prestatarios afroestadounidenses, hispanos y asiáticos/isleños del Pacífico en sus préstamos de vehículos desde el 1° de abril de 2011. El acuerdo es la primera acción conjunta del departamento y la CFPB para hacer valer las leyes de otorgamiento justo de préstamos. Con este acuerdo, ocho de los 10 principales acuerdos conciliatorios asociados con el otorgamiento justo de préstamos en la historia del departamento se han producido bajo el liderazgo del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder.

El acuerdo dispone que se destinen 80 millones de dólares para indemnizar a víctimas de discriminación pasada por uno de los mayores prestamistas de crédito para vehículos y exige que Ally pague 18 millones de dólares al Fondo de Multas Civiles de la CFPB. Asimismo, Ally debe reembolsar los sobrecargos discriminatorios a prestatarios durante los próximos tres años, si no reduce significativamente las disparidades en incrementos injustificados de la tasa de interés. Este sistema creará un fuerte incentivo financiero para eliminar los sobrecargos discriminatorios.

"Con este acuerdo conciliatorio, el mayor logrado en un caso de discriminación en el otorgamiento de crédito para vehículos, estamos adoptando una postura firme contra la discriminación en un mercado crítico de préstamos ", señaló el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder. "Al exigir que Ally reembolse a los prestatarios a los que se les cobró demás debido a su raza u origen nacional, este acuerdo asegurará la reparación para los estadounidenses victimizados. Esto permitirá que el Departamento de Justicia y la CFPB trabajen estrechamente con Ally y otros para prevenir prácticas discriminatorias en el futuro. Y reforzará nuestra determinación de tener una respuesta enérgica a la discriminación en los mercados de préstamos de los Estados Unidos, donde sea que se produzca".

El acuerdo conciliatorio resuelve las alegaciones del departamento y la CFPB de que Ally discriminó al cobrarles tasas de interés más altas a alrededor de 235,000 prestatarios afroestadounidenses, hispanos y asiáticos/isleños del Pacífico que a los prestatarios blancos no hispanos. Las agencias alegan que Ally les cobró a prestatarios tasas de interés más altas debido a su raza u origen nacional, y no debido a la solvencia de los prestatarios u otros criterios objetivos relacionados con el riesgo que presentaban. La víctima media pagó entre 200 y 300 dólares más a lo largo de la vida del préstamo. La Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito [Equal Credit Opportunity Act (ECOA)] prohíbe la discriminación en todas las formas de préstamo, incluidos los préstamos para la compra de vehículos. El acuerdo conciliatorio de Ally con el Departamento de Justicia [Department of Justice (DOJ)] se presentó hoy en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Michigan en junto con la demanda del DOJ. Con respecto a la acción iniciada por la CFPB, Ally realizó un acuerdo conciliatorio administrativo público.

"La discriminación es un problema grave en todos los mercados de crédito de consumo", indicó el Director de la CFPB Richard Cordray. "Les estamos devolviendo 80 millones de dólares a consumidores trabajadores que pagaron más por sus automóviles o camionetas debido a su raza u origen nacional. Nos complacerá trabajar estrechamente con el Departamento de Justicia y Ally para asegurarnos que se tomen las medidas correspondientes para resolver este grave problema en los próximos años también".

En lugar de recibir solicitudes directamente de los consumidores, Ally otorga la mayoría de sus préstamos a través de 12,000 concesionarios de automóviles de todo el país que ayudan a sus clientes a pagar por sus vehículos nuevos o usados al presentar sus solicitudes de crédito a Ally. La práctica comercial de Ally, así como la de otras importantes sociedades de préstamos de vehículos, permiten que los concesionarios varíen la tasa de interés de un préstamo de la tasa inicialmente establecida por Ally según factores objetivos crediticios del prestatario. Los concesionarios reciben pagos más altos de Ally por préstamos que incluyan una tasa de interés más alta. Las investigaciones coordinadas por el departamento y la CFPB que precedieron al acuerdo conciliatorio de hoy determinaron que este sistema de determinación subjetiva y libre de los precios hace con que los prestatarios de Ally afroestadounidenses, hispanos y asiáticos/isleños del Pacífico acaben pagando más que los prestatarios blancos no hispanos calificados.

Las agencias alegan que Ally no controla adecuadamente que los incrementos de tasa de interés no se produzcan debido a la discriminación, ni exige que los concesionarios documenten sus decisiones de aumento de tasa de interés. La primera iniciativa por parte de Ally de controlar que no ocurra discriminación en los incrementos de la tasa de interés recién comenzó hace unos meses después de que se enteró de la determinación preliminar por parte de la CFPB de hechos de discriminación, y como resultado, solo dos concesionarios fueron sancionados y lo único que se les exigió fue la realización de capacitación voluntaria.

"Este acuerdo conciliatorio brinda reparación a las personas perjudicadas por esta discriminación", señaló la Fiscal Federal para el Distrito Este de Michigan Barbara McQuade. "Los prestamistas deben tener en cuenta la solvencia crediticia del prestatario individual basado en sus ingresos, ahorros, historial de crédito y otros factores objetivos al determinar los términos de un préstamo. Este acuerdo conciliatorio garantizará que, en el futuro, los prestatarios puedan obtener préstamos de Ally basado en su propio historial de crédito, libres de discriminación debido a su raza u origen nacional".

El acuerdo conciliatorio de hoy representa la primera resolución de la labor conjunta del departamento y la CFPB respecto de las prácticas discriminatorias en el otorgamiento de préstamos de vehículos. La Ley Dodd-Frank de 2010 le otorgó al DOJ y a la CFPB autoridad para tomar medidas contra bancos grandes como Ally por violaciones de la ECOA. Si bien el departamento presentó demandas anteriormente por violaciones de la ECOA asociadas a préstamos de vehículos, la de hoy es la primera demanda relacionada con la ECOA contra una sociedad de préstamos de vehículos con operaciones en todo el país.

Además de los 98 millones de dólares en pagos por su conducta en el pasado y la exigencia de reembolsar futuros cargos discriminatorios, el acuerdo conciliatorio exige que Ally mejore sus sistemas de control y cumplimiento. El acuerdo conciliatorio le permite a Ally probar diferentes medios de reducir la discriminación y exige que informe al departamento y a la CFPB periódicamente los resultados de sus iniciativas y que discuta posibles maneras de mejorar los resultados. El departamento considera encomiable la cooperación de Ally para alcanzar una resolución adecuada para este caso. El departamento ve con agrado el compromiso de Ally, como parte del acuerdo conciliatorio, de trabajar con la División de Derechos Civiles y la CFPB en encontrar mejores maneras de cobrarles a todos los consumidores de manera justa, sin dejar de recompensar de forma justa a los concesionarios de vehículos por los servicios que brindan.

La Unidad de Préstamos Justos de la Sección de Vivienda y Cumplimiento de la Ley Civil de la División de Derechos Civiles es responsable, en el departamento, de hacer valer las leyes de otorgamiento justo de préstamos. Desde su fundación en febrero de 2010, la Unidad de Préstamos Justos ha iniciado o resuelto 30 casos asociados con préstamos bajo la Ley de Vivienda Justa [Fair Housing Act], ECOA y la Ley de Amparo Civil para Militares [Servicemembers Civil Relief Act]. Los acuerdos conciliatorios logrados en estos casos consistieron en casi 775 millones de dólares en indemnizaciones a comunidades afectadas y más de 535,000 prestatarios individuales. Los informes anuales del Secretario de Justicia de EE.UU. al Congreso bajo ECOA destacan los logros del Departamento en el otorgamiento de préstamos justos y están disponibles en www.justice.gov/crt/publications.

El acuerdo conciliatorio propuesto dispone que un administrador independiente ubique a las víctimas y distribuya los pagos indemnizatorios sin ningún costo a los prestatarios identificados por el departamento y la CFPB como víctimas de la discriminación por parte de Ally. El departamento y la CFPB realizarán un anuncio público y publicarán información en sus portales en Internet cuando existan más detalles disponibles sobre el proceso de indemnización. Los prestatarios elegibles para indemnización debido al acuerdo conciliatorio serán contactados por el administrador y no necesitan comunicarse con el departamento o la CFPB en este momento. Las personas con preguntas sobre préstamos de vehículos o que deseen presentar una queja pueden comunicarse con la CFPB llamando al (855) 411-2372.

La División de Derechos Civiles, la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Michigan y la CFPB son miembros de la Fuerza de Tarea de Coacción contra el Fraude Financiero. El Presidente Obama estableció la Fuerza de Tarea Interagencial para llevar a cabo una iniciativa enérgica, coordinada y proactiva para investigar y enjuiciar los delitos financieros. La fuerza de tarea incluye a representantes de una amplia gama de dependencias federales, autoridades reguladoras, inspectores generales y miembros de las fuerzas del orden público estatales y locales, quienes, trabajando unidos, aportan un poderoso espectro de recursos de coacción penal y civil. La fuerza de tarea está trabajando para mejorar la labor en todo el poder ejecutivo federal, y con asociados estatales y locales, para investigar y enjuiciar los delitos financieros importantes, asegurar un castigo justo y eficaz para quienes cometan delitos financieros, combatir la discriminación en los mercados de préstamos y financieros, y recuperar fondos para las víctimas de delitos financieros. Para obtener más información sobre la fuerza de tarea, visite www.StopFraud.gov.