El Departamento de Justicia Alega que Proveedores de Servicio de Modificación de Préstamos de California Discriminaron a Propietarios Hispanos

El Departamento de Justicia entabló hoy una demanda en la que alega que varios proveedores de servicios de modificación de préstamos hipotecarios violaron la Ley de Vivienda Justa y la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito al discriminar intencionalmente a propietarios hispanos al ofrecerles servicios de modificación de préstamos hipotecarios predatorios e interferir en su capacidad de recibir asistencia financiera para conservar sus hogares.  Los demandados nombrados en la demanda son The Home Loan Auditors LLC, Century Law Center LLC, SOE Assistance Center Inc., Spieker Law Office y los directores de estas entidades: Omar Alcaraz, Araceli Castro, Oralia Gutierrez, Hortencia Leon, Raul Luna, Elena Ramirez y David Spieker.

La demanda, entablada hoy en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito Norte de California, alega que los demandados exhibieron un patrón o práctica de comercialización a propietarios hispanos, incentivándolos a que pagaran alrededor de $5.000 por auditorias de préstamo innecesaria e inefectivas.  Los demandados dijeron a los propietarios que las auditorías eran esenciales para la modificación de préstamo. Sin embargo, las auditorías no tenían ningún impacto en el proceso de modificación de préstamo y no brindaban ningún beneficio financiero.  Como parte del servicio de modificación de préstamos que publicitaban, los demandados incentivaban a los clientes a dejar de realizar los pagos de sus hipotecas y les indicaban que cesaran el contacto con sus prestamistas.  Esta conducta tuvo como resultado que muchos propietarios pasaron a estar en situación de mora en el pago de sus cuotas hipotecarias y, finalmente, perdieran sus hogares.

Esta demanda surgió como resultado de denuncias presentadas al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. [Department of Housing and Urban Development (HUD)] por dos ex clientes de los demandados.  Los denunciantes eligieron que se tratara el caso en el tribunal federal y HUD remitió el caso al Departamento de Justicia.

“Tener como objetivo intencional a cualquier comunidad o persona con servicios hipotecarios predatorios debido a su grupo étnico u origen nacional viola la ley federal, perjudica a familias trabajadoras y hace daño a nuestra economía entera,” señaló la Secretaria de Justicia Auxiliar Adjunta Principal Vanita Gupta, a cargo de la División Civil del Departamento de Justicia.  “Los demandados en este caso trataron de explotar a comunidades hispanas y propietarios que ya sufrían debido a prácticas financieras abusivas y discriminatorias durante la Gran Recesión que causó la crisis del mercado de la vivienda de EE.UU. y la caída libre de nuestra economía.  La demanda entablada por el Departamento de Justicia sirve de fuerte recordatorio y transmite el claro mensaje de que trabajaremos sin descanso para permitirles a todos los propietarios de vivienda acceso a servicios hipotecarios libres de discriminación.”  

“Las familias hispanas que luchan por permanecer en sus hogares no necesitan promesas vacías que solo empeoran su situación de vivienda y financiera,” señaló Gustavo Velásquez, Secretario Adjunto de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos.  “HUD se siente complacido que el Departamento de Justicia esté actuando contra personas y compañías que victimicen a dueños de casa debido a su país de origen o porque hablen español u otros idiomas.”

La División de Derechos Civiles y otras agencias que participan en el caso forman parte del Grupo de Trabajo de Coacción contra el Fraude Financiero, establecido por el Presidente Obama para llevar adelante una iniciativa agresiva, coordinada y proactiva para investigar y enjuiciar los delitos financieros.  El grupo de trabajo incluye a representantes de una amplia gama de dependencias federales, autoridades reguladoras, inspectores generales y miembros de las fuerzas del orden público estatales y locales, quienes, trabajando juntos, aprovechan un poderoso espectro de recursos de coacción penal y civil.  El grupo de trabajo está trabajando para mejorar la labor en todo el poder ejecutivo federal, y con asociados estatales y locales, para investigar y enjuiciar delitos financieros importantes, asegurar un castigo justo y eficaz para quienes cometan delitos financieros, combatir la discriminación en los mercados de préstamos y financieros, y recuperar fondos para las víctimas de delitos financieros.  Para obtener más información sobre el grupo de trabajo, visite www.StopFraud.gov.

Cualquier persona con información sobre los servicios de modificación de préstamos prestados por The Home Loan Auditors LLC, Century Law Center LLC, SOE Assistance Center Inc. o Spieker Law Office debe comunicarse con la Sección de Vivienda y Cumplimiento de la Ley Civil de la División de Derechos Civiles llamando al 1-800-896-7743, presione el 2 para continuar en español y seleccione la opción 5 o escribiendo a THLALawsuit@usdoj.gov.

Se encuentra una copia de la demanda, así como información adicional sobre las iniciativas del Departamento de Justicia, de cumplimiento de ley asociadas al otorgamiento de préstamos justos, en www.justice.gov/fairhousing.  La lucha contra la discriminación ilegal respecto del otorgamiento de préstamos es una de las principales prioridades del Departamento de Justicia.  Encontrará más información sobre la División de Derechos Civiles y las leyes que hace valer en www.justice.gov/crt.

THLA Demanda (en inglés)