Objetivo 1.1: Proteger nuestras instituciones democráticas
Nuestra nación depende de la estabilidad de sus instituciones democráticas. El Departamento de Justicia es una de esas instituciones democráticas y tiene responsabilidades importantes de proteger a otras instituciones similares. Continuaremos nuestro trabajo para asegurarnos de que las opiniones públicas del Departamento sean objetivas, imparciales y estén aisladas de influencias políticas. En general, ayudaremos a garantizar la seguridad y el funcionamiento apropiado de las instituciones democráticas del gobierno ante una serie de amenazas. En años recientes, las amenazas contra los que trabajan en el servicio público, que van de docentes de escuela a jueces federales, han aumentado. Además, la confianza en nuestro sistema se ve socavada por personas funcionarias que venden su confianza pública al mejor postor y por adversarios extranjeros que tratan de interferir con nuestras elecciones. El Departamento está comprometido a reparar estas rupturas tanto a través de estrategias específicas como a través de una demostración, a paso y sin pausa, de imparcialidad e integridad todos los días.
Estrategia 1: Reafirmar y fortalecer las políticas fundamentales del estado de derecho
El Departamento de Justicia defiende el estado de derecho respetando sus normas fundamentales. Esas normas incluyen ejercer la discreción de manera ejemplar, ser independiente de influencias indebidas, tratar casos parecidos de forma parecida, y tener un compromiso decidido a seguir los hechos y la ley. Reafirmar y, donde sea necesario, fortalecer las políticas del Departamento de Justicia que son la base del estado de derecho – muchas de las cuales fueron inicialmente adoptadas después de Watergate – es esencial para este esfuerzo. Entre estas se incluyen políticas que regulan estrictamente las comunicaciones entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, que requieren el trato respetuoso de la prensa, que interpretan la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) generosamente, que respetan el profesionalismo del personal del Departamento de Justicia, que establecen guías para las operaciones nacionales y la recopilación de inteligencia extranjera del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), y que establecen los principios del procesamiento federal para guiar el ejercicio de la discreción procesal.
El Departamento también desempeña una función vital en la defensa del estado de derecho al defender a agencias y personal del gobierno federal ante litigios civiles. El personal de la fiscalía de defensa civil del Departamento seguirá apoyando a la clientela institucional proporcionando evaluaciones francas y profesionales de los riesgos de litigio y defendiendo contra de litigios civiles a fin de lograr resultados justos.
Estrategia 2: Proteger al Departamento de Justicia contra influencias indebidas
El Departamento debe estar protegido contra todas las formas de influencia indebida en sus investigaciones y procesamientos. El Departamento seguirá asegurándose de que sus profesionales de carrera, incluidos fiscales, abogados, abogadas, agentes y demás personal, tengan la protección de motivos partidistas u otras influencias indebidas. Mientras que el Departamento de Justicia sigue debidamente la dirección de la administración en asuntos de política, todas las decisiones de investigación y procesamiento del Departamento de Justicia se harán de forma independiente. Al proteger al Departamento contra las influencias indebidas, nos guiaremos por la advertencia del Fiscal General Edward Levi de que “[n]ada es capaz de debilitar la calidad de vida o hacer peligrar más la consecución de las metas que todos apreciamos que nuestro fracaso en dejar claro mediante palabras y hechos que nuestra ley no es el instrumento de fines partidistas”.
Estrategia 3: Proteger a personas que trabajan en el servicio público contra la violencia y las amenazas de violencia
Hemos observado un repunte de las amenazas contra personas que trabajan en el servicio público desde personal electoral hasta miembros del Congreso. La expresión de una opinión política o de una ideología, aunque sea de manera vociferante, no es un delito, y el Departamento no investigará ni procesará a individuos debido a sus opiniones. No obstante, el Departamento protegerá a aquellas personas que sirven al público contra la violencia y las amenazas ilegales de violencia. Para contribuir a este esfuerzo, seguiremos desarrollando y desplegando métodos protectores para anticipar y disuadir amenazas contra jueces. Además, crearemos capacitación y orientación especializadas para personas amenazadas al ayudar a las víctimas potenciales a entender el tipo de comportamiento que constituye una amenaza ilegal y cómo informar a las agencias del orden público apropiadas sobre una conducta amenazadora, entre otras medidas. Por último, colaboraremos estrechamente con las agencias del orden público estatales, locales, tribales y territoriales para proteger a las personas que trabajan en el servicio público contra la violencia y las amenazas de violencia.
Estrategia 4: Proteger el tesoro público contra el fraude en los programas del gobierno
El Departamento disuadirá y rectificará la colusión, el fraude, el despilfarro y los abusos contra programas públicos investigando y procesando de forma enérgica a individuos y empresas culpables. Emplearemos los recursos de todo el gobierno, incluidos, cuando sea apropiado, investigaciones paralelas con agencias del orden público y agencias reguladoras federales y estatales (incluida la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos. Cuando se produzcan pérdidas para el público, emplearemos todos los instrumentos penales y civiles a nuestra disposición para recuperar los fondos de contribuyentes que hayan sido perdidos. Nuestros esfuerzos incluirán el mayor uso de analítica de datos para monitorear los gastos federales en lo que se refiere a anomalías de pagos y otros indicadores de fraude, despilfarro y abusos. Haremos que las comunidades encargadas de las compras públicas y del orden público colaboren para promover una mayor cooperación a fin de identificar, disuadir y procesar estratagemas que tratan de cometer fraude en programas del gobierno. Y haremos uso de todas las herramientas disponibles – incluidas medidas penales, civiles y administrativas – para salvaguardar la integridad de los programas financiados por los contribuyentes y combatir el fraude relacionado con COVID-19, entre otras formas responsabilizando a aquellas personas que tratan de explotar la pandemia para obtener beneficios personales.
Además de recuperar los fondos gubernamentales robados u obtenidos de forma fraudulenta, el Departamento hará uso de todas las herramientas disponibles para asegurar un cumplimiento fuerte, coherente y uniforme de las leyes de declaración de rentas para contribuir a asegurar que todas las personas paguen lo que deben. Las personas contribuyentes honradas deben poder confiar en que no van a soportar una carga impositiva federal indebida.
Estrategia 5: Combatir las interferencias extranjeras en los procesos democráticos
La democracia depende del intercambio libre de ideas y el Departamento de Justicia hará todo lo que esté en su poder para responder a los esfuerzos de los gobiernos extranjeros u otros actores que traten de aprovecharse de esa actitud receptiva o suprimir las voces de quienes tratan de participar. Para combatir la amenaza de las interferencias extranjeras indebidas en los procesos democráticos de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia está emprendiendo una variedad de acciones, incluido el procesamiento de agentes estatales por espionaje, impidiendo las campañas de piratería, impidiendo la represión de disidentes y abordando los esfuerzos por manipular el diálogo público en los Estados Unidos.
Estrategia 6: Asegurar una supervisión y una responsabilidad pública efectivas
Los principios de gobierno abierto y responsabilidad democrática forman parte del núcleo de quiénes somos como personas que trabajan en el servicio público y como estadounidenses. Una supervisión y una responsabilidad pública efectivas ayudan a asegurar que el Departamento permanezca fiel a sus metas y valores. La Oficina de Asuntos Legislativos (OLA, por sus siglas en inglés) trabajará estrechamente con el Congreso para asegurarse de que el Departamento responda al Congreso de manera oportuna, sujeto a las políticas y prácticas establecidas del Departamento que puedan limitar lo que se puede divulgar como respuesta a solicitudes particulares. En general, el Departamento administrará de forma fidedigna la Ley de Libertad de Información para permitir que exista una ciudadanía informada que pueda responsabilizar a los que gobiernan.
Indicadores clave del desempeño
- Porcentaje de consultas resueltas de la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR, por sus siglas en inglés) en plazo de un año
- Número de casos penales de fraude de programas de gobierno donde el uso proactivo de los datos condujo a la apertura de una investigación por parte de la División de lo Penal (CRM, por sus siglas en inglés)
- Número de Oficinas de Fiscales Generales (USAO, por sus siglas en inglés) que recibieron datos proactivos en casos penales de fraude del gobierno de la División de lo Penal
- Porcentaje de casos de fraude relacionados con COVID-19 por los que el Departamento busca restitución
- Porcentaje de casos de fraude relacionados con COVID-19 resueltos de modo favorable
- Relación entre las solicitudes de la FOIA pendientes y las entrantes
Componentes del DOJ que contribuirán con este objetivo: Todos los componentes