Leyes y políticas

Leyes y estatutos federales

El Departamento de Justicia hace cumplir leyes federales contra los delitos de odio que cubren ciertos delitos cometidos por motivos de raza, color de piel, religión, nacionalidad de origen, orientación sexual, género, identidad de género o discapacidad. El Departamento de Justicia empezó a procesar casos federales de delitos de odio tras la promulgación de la ley de Derechos Civiles de 1968. La información que aparece a continuación explica las leyes federales existentes contra los delitos de odio.

Leyes federales contra los delitos de odio

• Ley de Prevención de Delitos de Odio de Matthew Shepard y James Byrd, Jr. del 2009, Sección 249 del Título 18 del Código de los EE. UU.
• Interferencia Penal en el Derecho a la Vivienda Justa, Sección 3631 del Título 42 del Código de los EE. UU.
• Ley de Prevención de Daños a Propiedades Religiosas y de Incendios Provocados en Iglesias, Sección 247 del Título 18 del Código de los EE. UU.
• Interferencia Violenta en los Derechos Protegidos por la Ley Federal, Sección 245 del Título 18 del Código de los EE. UU.
• Confabulación contra los Derechos, Sección 241 del Título 18 del Código de los EE. UU.

Leyes, códigos y estatutos estatales

La mayoría de los estados y territorios de los EE. UU. disponen de estatutos contra los delitos de odio que los hace cumplir la policía estatal y local en los tribunales estatales y locales. Las leyes contra los delitos de odio en los distintos estados y territorios varían mucho de jurisdicción en jurisdicción.

• Motivos basados en sesgos: En algunas jurisdicciones la definición de delito de odio incluye distintos motivos basados en sesgos.
• Aumentos de sanción: Las leyes en algunas jurisdicciones aumentan la condena por delitos motivados por ciertos factores identificados. Al menos 46 estados y el Distrito de Columbia disponen de estatutos con sanciones por delitos cuyo motivo se basa en sesgos.
• Recopilación de datos: Algunas jurisdicciones requieren la recopilación de datos sobre delitos de odio. Los datos ofrecen mayor transparencia en cuanto a los delitos que están sucediendo y pueden ayudar a los estados a destinar apoyo y recursos a las comunidades que más lo necesitan.

Incluso si un estado o territorio no tiene ninguna ley contra los delitos de odio, siempre se puede denunciar un delito de odio ante la Oficina Federal de Investigaciones («FBI», por sus siglas en inglés).