El Departamento de Justicia emite una carta a departamentos de policía y gobiernos estatales y locales para explicar que determinados programas de vivienda podrían violar las leyes federales

El Departamento de Justicia anunció hoy que emitió una carta a departamentos de policía y gobiernos estatales y locales sobre programas que podrían violar las protecciones federales de vivienda. La carta describe las características comunes de estos programas generalizados, a veces conocidos como programas “libre de delitos” o de “molestias”, y advierte de que podrían ser ilegales cuando penalizan injustamente a las comunidades de color, las personas con discapacidad o los sobrevivientes de la violencia doméstica.

Hace tres años y medio, el Departamento de Justicia anunció un compromiso renovado para reducir la delincuencia violenta y construir comunidades fuertes en las que todos los estadounidenses estén seguros. El núcleo de este compromiso es una estrategia contra la delincuencia violenta que da prioridad a la creación de confianza y a la generación de legitimidad dentro de nuestras comunidades. El Departamento presenta esta carta en apoyo de su misión de defender el estado de derecho, mantener la seguridad de nuestro país y proteger los derechos civiles, incluido el fomento del acceso equitativo a la vivienda y la garantía de que la raza, el origen nacional, la discapacidad, el sexo u otras características protegidas no limiten las oportunidades de vivienda o el acceso a los servicios de emergencia.

“Incluso cuando son bienintencionados, estos programas pueden perturbar vidas, obligar a las familias a quedarse sin hogar y provocar la pérdida de trabajos, escolarización y oportunidades para personas de color con ingresos desproporcionadamente bajos –todo ello en violación de las leyes federales”, afirmó Kristen Clarke, la Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. “Estos programas también pueden disuadir a las personas con discapacidad y a sus seres queridos de buscar ayuda durante una crisis de salud mental e impedir que las víctimas de la violencia doméstica busquen la protección que necesitan desesperadamente. El Departamento de Justicia seguirá luchando contra los programas de vivienda discriminatorios e ilegales en todo el país, al tiempo que apoya a las fuerzas del orden público y gobiernos estatales y locales para prevenir los delitos violentos sin violar el derecho a un acceso justo e igualitario a la vivienda”.

La carta destaca ejemplos de programas, basados en recientes medidas de ejecución, que afectan al derecho a la vivienda y pueden plantear cuestiones en virtud de las leyes federales. Se trata de programas que:

• restringen el acceso a la vivienda en función de los antecedentes penales, y a veces sólo de los antecedentes de arresto;
• no prevén la determinación caso por caso de supuestas inquietudes de seguridad, incluso para personas con condenas;
• imponen consecuencias negativas de vivienda a toda una familia;
• proporcionan una discrecionalidad sustancial en la aplicación de la ley que puede utilizarse para perseguir a determinadas personas protegidas en virtud de las leyes federales;
• se adoptaron con intención discriminatoria, lo que puede evidenciarse por el trasfondo histórico, incluida la creciente diversidad o tensión racial;
• amenazar o imponer sanciones ante llamadas realizadas por asuntos relativos a la discapacidad, incluida la designación de una llamada médica o una relacionada con la discapacidad como una molestia;
• hacer pública información confidencial sobre las discapacidades de las personas; y/o
• no realizar modificaciones razonables para evitar la discriminación por discapacidad.

La carta de hoy describe cómo estos programas podrían violar específicamente la Ley de Vivienda Justa, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Violencia contra las Mujeres. También resume las recientes impugnaciones de los programas “libre de delitos” y de “molestias” por parte del Departamento de Justicia y otras instancias –incluso en Hesperia, California y Anoka, Minnesota– que han dado lugar a la revocación o modificación sustancial de los programas, así como a importantes indemnizaciones económicas para las personas afectadas.

La carta también explica que, aunque el objetivo de estos programas podría ser reducir la delincuencia, no hay pruebas que corroboren que logran esa meta. Por el contrario, como demuestran las recientes medidas de aplicación, estos programas suelen perjudicar de forma desproporcionada a los sobrevivientes de la violencia doméstica, niegan a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades para recibir servicios de emergencia y afectan de forma desproporcionada a las comunidades de color. Por ejemplo, una mujer afroestadounidense que vivía en Hesperia llamó a la policía a su casa porque no se sentía segura con su novio. El departamento del alguacil notificó a su casero las numerosas llamadas por disturbios domésticos y lo amenazó con acusarlo de un delito menor. El casero forzó entonces a la mujer y a sus hijos a abandonar su casa, obligándola en última instancia a desarraigar a su familia de la ciudad.

Para obtener más información sobre la División de Derechos Civiles, visite a Civil Rights Division | División de Derechos Civiles (justice.gov). Para obtener más información sobre la ADA, llame a la línea gratuita de información sobre la ADA del departamento al 800-514-0301 (TTY 833-610-1264) o visite a www.ada.gov. Las personas pueden denunciar la discriminación en materia de vivienda presentando una queja en línea en civilrights.justice.gov, llamando al departamento al 1-833-591-0291 o enviando un correo electrónico a fairhousing@usdoj.gov. También se puede reportar discriminación poniéndose en contacto con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) llamando al 1-800-669-9777, o presentando una denuncia en línea en www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/online-complaint.

Los componentes de subvención del departamento proporcionan una amplia gama de recursos para las fuerzas del orden público, tribunales, correccionales, tratamiento, reinserción, intercambio de información sobre justicia y socios comunitarios para abordar a los retos crónicos y emergentes de la justicia penal en todo el país. Por ejemplo, en diciembre de 2023, el departamento anunció su Hoja de Ruta para la Reducción de la Delincuencia Violenta, una ventanilla única para ayudar a las jurisdicciones locales a desarrollar, aplicar y evaluar estrategias para prevenir, intervenir y responder a la delincuencia violenta. El departamento también ofrece recursos de capacitación y asistencia técnica en una amplia variedad de ámbitos relacionados con la reducción de la delincuencia violenta. Para obtener información sobre subvenciones, capacitación y otros recursos, visite los sitios web de la Oficina sobre la Violencia contra la Mujer, la Oficina de Programas de Justicia y la Oficina COPS [Servicios Policiales Orientados a la Comunidad].