El Departamento de Justicia y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor Realizan Acuerdo Conciliatorio de 169 Millones de Dólares en Resolución de Hechos de Alegatos de Discriminación en el Ot...

WASHINGTON – El Departamento de Justicia y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor [Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)] anunciaron hoy un acuerdo conciliatorio en resolución de alegatos de que GE Capital Retail Bank, conocido a partir de este mes como Synchrony Bank, exhibió un patrón o práctica nacional de discriminación al excluir a prestatarios hispanos de dos de sus programas de cancelación de deudas de tarjeta de crédito. El acuerdo conciliatorio resuelve alegaciones por parte del departamento y la CFPB que GE Capital violó la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito [Equal Credit Opportunity Act (ECOA)] al excluir a prestatarios que indicaron que preferían que las comunicaciones fueran en español o tenían dirección postal en Puerto Rico de dos programas de cancelación de deudas de tarjeta de crédito. El acuerdo es una acción de coacción de préstamos justos conjunto del departamento y la CFPB y es históricamente el mayor acuerdo conciliatorio de discriminación asociado a tarjetas de crédito del gobierno federal.

El acuerdo conciliatorio dispone el pago de 169 millones de dólares como reparación a alrededor de 108,000 prestatarios, en la forma de pagos monetarios, y la reducción o dispensa total de los saldos de las tarjetas de crédito de los prestatarios. El propio GE Capital identificó y reportó la discriminación a la CFPB, fue proactivo en tomar medidas para proporcionar reparación a los prestatarios afectados, y ha trabajado estrechamente con el departamento y la CFPB para identificar e indemnizar a otras víctimas de dicha discriminación. Específicamente, GE Capital ya ha provisto los beneficios de las ofertas o su valor equivalente a aproximadamente 84,000 prestatarios por un total de $131.8 millones en reparación. Según el acuerdo conciliatorio, el banco proveerá los $37 millones restantes en pagos, reducciones y dispensas a los prestatarios afectados.

"La evidente discriminación exhibida en este caso es ilegal y no será tolerada", señaló la Secretaria de Justicia Auxiliar Interina Jocelyn Samuels de la División de Derechos Civiles. "Los prestatarios tienen derecho a términos de tarjeta de crédito que no difieran según su origen nacional, y el acuerdo conciliatorio de hoy transmite el mensaje de que el Departamento de Justicia puede hacer valer la ley enérgicamente contra los prestamistas que violen dicho derecho, y así lo hará".

"La discriminación no tiene lugar en el mercado financiero de consumo. Nadie debe ser excluido de oportunidades de crédito simplemente debido a dónde vive o el idioma que habla", señaló el Director de la CFPB Richard Cordray.

De acuerdo con la demanda presentada por los Estados Unidos, el departamento alega que, entre enero de 2009 y marzo de 2012, GE Capital excluyó a ciertos prestatarios debido a su origen nacional, de su "Oferta de crédito de estado de cuenta" – un programa que ofrecía a prestatarios elegibles un crédito en su cuenta si cumplían con ciertos criterios – y la "Oferta de cancelación" – un programa que ofrecía a prestatarios elegibles la oportunidad de cancelar su deuda de tarjeta de crédito si pagaban un porcentaje del saldo pendiente de la cuenta, equivalente a entre el 25 y el 55 por ciento. Como resultado de las exclusiones, los prestatarios hispanos fueron objeto de niveles de deuda más altos y períodos más largos de deuda; algunos de estos prestatarios hispanos pueden haber sufrido daños económicos consecuenciales adicionales, incluidos mayor riesgo de problemas de crédito, insolvencia y reposesión, les pueden haber cerrado las cuentas, sus cuentas pueden haber sido contabilizadas como "incobrables" y vendidas a terceros, y pueden abrir sufrido otros daños, tales como sufrimiento emocional.

El acuerdo conciliatorio de GE Capital con el departamento, el que está sujeto a la aprobación del tribunal, fue presentado hoy en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Utah en conjunto con la demanda del departamento. GE Capital resolvió los alegatos del CFPB por medio de un acuerdo conciliatorio administrativo público.

Además de los 169 millones de dólares en reparación, GE Capital también ha aceptado eliminar los informes de crédito negativos de los prestatarios afectados, emitidos durante períodos de la supuesta discriminación. GE Capital también tomará medidas afirmativas para fortalecer su cumplimiento con las leyes de préstamos justos, y el departamento aplaude los esfuerzos del banco, realizados hasta el momento con dicha finalidad. Estos pasos implementan fuertes mecanismos de revisión y capacitación para garantizar que no se discrimine contra prestatarios debido a su origen nacional.

La coacción asociada a las leyes de otorgamiento justo de préstamos por parte del departamento es llevada a cabo por la Unidad de Préstamos Justos de la Sección de Vivienda y Cumplimiento de la Ley Civil de la División de Derechos Civiles. Desde que se estableció la Unidad de Préstamos Justos en febrero de 2010, ésta ha entablado o resuelto 34 casos de préstamos bajo la Ley de Vivienda Justa, la ECOA y la Ley de Alivio Civil para los Miembros de las Fuerzas Armadas [Servicemembers Civil Relief Act]. Los acuerdos conciliatorios en estos casos proveen más de 1,000 millones de dólares en reparación monetaria para comunidades y prestatarios individuales afectados. Los informes anuales del Secretario de Justicia de EE.UU. al Congreso bajo ECOA destacan los logros del departamento en el otorgamiento de préstamos justos y están disponibles en el portal de la división en Internet.

La División de Derechos Civiles y la CFPB son miembros de la Fuerza de Tarea de Coacción contra el Fraude Financiero. El Presidente Obama fundó la Fuerza de Tarea de Coacción contra el Fraude Financiero interagencial para generar una iniciativa enérgica, coordinada y proactiva para investigar y enjuiciar los delitos financieros. La fuerza de tarea incluye a representantes de un amplio rango de agencias federales, autoridades regulatorias, inspectores generales y fuerzas del orden público estatales y locales quienes, trabajando juntos, ponen en uso un conjunto poderoso de recursos de coacción penal y civil. La fuerza de tarea está trabajando para mejorar las iniciativas en todo el poder ejecutivo federal y, junto con asociados estatales y locales, investigar y enjuiciar delitos financieros importantes, garantizar un castigo justo y eficaz para quienes cometen delitos financieros, combatir la discriminación en los mercados de préstamos y financieros, y recuperar ganancias para las víctimas de delitos financieros. Para obtener más información sobre la fuerza de tarea, visite www.StopFraud.gov.