El Departamento de Justicia anuncia un acuerdo con Gap, Inc. y, a la vez, celebra el 35º aniversario de la ley que prohíbe la discriminación en el empleo relacionada con la inmigración

WASHINGTON, D.C. – Como parte de la celebración del 35º aniversario de la aprobación por congreso de la disposición antidiscriminatoria de la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia anunció hoy un acuerdo con Gap, Inc. (Gap), que resuelve acusaciones de que Gap vulneró esta ley al discriminar, de forma rutinaria, a ciertos no ciudadanos de los EE. UU. que trabajan para la compañía.

«Hace 35 años, el Congreso aprobó una ley que prohibió la discriminación por parte de empleadores a trabajadores por motivos de su ciudadanía, estatus migratorio o nacionalidad de origen, así como la toma de represalias en su contra por hacer valer sus derechos», comentó Kristen Clarke, la Fiscal Federal Auxiliar de la División de Derechos Civiles. «La División sigue haciendo cumplir la ley con firmeza y ha hecho a miles de empleadores rendir cuentas de sus infracciones, ha recaudado millones de dólares por concepto de sanciones civiles y pagos retroactivos y ha obtenido compensación para innumerables víctimas de discriminación.  Este acuerdo de hoy con Gap resalta el trabajo de la División a lo largo de los últimos 35 años para poner fin a la discriminación ilícita en el empleo».

El acuerdo con Gap resuelve acusaciones de que la compañía había discriminado a ciertos no ciudadanos de los EE. UU. (entre ellos residentes permanentes legales, refugiados y asilados) y ciudadanos naturalizados de los EE. UU. debido a su estatus migratorio actual o previo. Asimismo, el Departamento halló que Gap había discriminado a trabajadores al reverificar su permiso para trabajar a pesar de no tener ninguna razón legal por hacerlo. El Departamento también determinó que Gap había discriminado a algunos no ciudadanos de los EE. UU. por motivos de su estatus migratorio al pedir que presentasen documentos específicos para confirmar que todavía disponían de permiso para trabajar. El Departamento concluyó que la dependencia de Gap de un sistema electrónico de gestión de recursos humanos (que tenía funciones especiales para formularios I-9 electrónicos) contribuyó a la conducta discriminatoria de la compañía. Como parte del acuerdo, Gap pagará $73,263 por concepto de sanciones civiles, ofrecerá pagos retroactivos a un asilado y un residente permanente legal que perdieron horas laborales debido a las prácticas de Gap, capacitará a miles de sus empleados por todo el país, asegurará que sus programas electrónicos cumplan con las normas aplicables y se someterá a los requisitos de supervisión y declaración. 

La INA prohíbe que los empleadores reverifiquen innecesariamente el permiso para trabajar de un trabajador o que especifiquen los tipos de documentación que el trabajador puede presentar para demostrar que tiene permiso para trabajar, con base en la ciudadanía, estatus migratorio o nacionalidad de origen de tal trabajador. Como resultado, incluso cuando un empleador tiene el requisito legal de comprobar que un trabajador siga contando con permiso para trabajar, el empleador debe permitir al trabajador presentar cualquier documentación válida que él mismo elija.

Solamente en los últimos cinco años, la Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados (IER, por sus siglas en inglés), de la División, ha llegado a más de 100 acuerdos que resuelven acusaciones de discriminación en virtud de la INA. Además de resolver acusaciones que involucran la discriminación a la hora de comprobar el permiso legal para trabajar de un empleado, la División ha trabajado sin tregua por resolver asuntos relacionados con empleadores que se negaron a contratar a no ciudadanos de los EE. UU. por motivos de su estatus migratorio; se negaron a considerar a trabajadores por motivos de su nacionalidad de origen; rechazaron a trabajadores en este país debido a una preferencia por individuos con visas temporales; y tomaron represalias contra trabajadores por hacer valer sus derechos legales. Solo el mes pasado, la División llegó a un acuerdo histórico con Facebook que resolvió acusaciones de que la compañía estaba discriminando a trabajadores en este país (incluyendo a ciudadanos de los EE. UU., nacionales de los EE. UU., asilados, refugiados y residentes permanentes legales recientes) porque daba preferencia en la contratación para ciertos puestos a personas con visas temporales. Como parte de su programa de aplicación de la ley, durante los últimos cinco años, la División ha conseguido más de $11.5 millones por concepto de pagos retroactivos para víctimas de discriminación al amparo de la INA.

La División también se ha esforzado por educar al público en cuanto a esta ley, con el fin de prevenir que ocurran infracciones desde el principio. Este esfuerzo ha incluido la celebración de más 600 presentaciones o seminarios en línea a lo largo de los últimos cinco años y ayuda proporcionada a decenas de miles de interlocutores a una línea directa gratuita para trabajadores y empleadores.  Asimismo, la División ha logrado devolver a trabajadores a sus puestos en los últimos cinco años tras brindar ayuda informal como respuesta a llamadas recibidas a la línea directa.

Aquellos aspirantes o empleados que creen haber sido discriminados por motivos de su estatus migratorio, ciudadanía o nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido, reclutamiento o verificación de la elegibilidad para trabajar (Formulario I-9 e E-Verify) o sujetos a represalias pueden presentar una denuncia. El público también puede llamar a la línea directa de la IER para trabajadores al 1-800-255-7688 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); llamar a la línea directa de la IER para empleadores al 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); enviar un correo electrónico a IER@usdoj.gov; inscribirse a un seminario en línea gratuito; o visitar los sitios web de la IER en inglés o español. Para recibir las últimas noticias de la IER, inscríbase a GovDelivery.

Download Settlement Agreement.pdf