Objetivo 3.1: Proteger el derecho al voto
El derecho al voto es la piedra angular de nuestra democracia – el derecho del que al final se derivan los demás derechos. El Departamento tiene una antigua función de proteger el derecho de la ciudadanía estadounidense a participar en elecciones justas y libres. En años recientes, las legislaturas estatales de todo el país han introducido leyes que impiden que votantes calificados accedan al voto o que de otro modo tienen la intención o el efecto de discriminar en contra de personas con derecho al voto debido a su raza, color o estado de idioma minoritario. También perduran barreras históricas que limitan el acceso a las urnas a votantes con discapacidades o a votantes con un conocimiento limitado de inglés. También se ha producido un aumento alarmante del número de amenazas violentas y otras amenazas ilegales contra autoridades, personas que trabajan y las que son voluntarias en las mesas electorales. Estas amenazas son una afronta a nuestro sistema de gobierno y socavan la confianza del público en los resultados de nuestras elecciones. El Departamento usará todas las herramientas a su disposición para tratar estos retos.
Estrategia 1: Hacer cumplir las leyes federales que protegen el derecho al voto
El Departamento usará todas las herramientas apropiadas para proteger el derecho al voto haciendo cumplir las leyes federales que protegen el derecho al voto. Evaluaremos una amplia gama de leyes y prácticas de votación que implican el acceso a las urnas para determinar si es apropiado presentar una nueva demanda o presentar una declaración de interés conocida como amicus brief en un pleito existente. También investigaremos métodos de elección que pueden resultar en la dilución del voto debido a raza o el estado de idioma minoritario en contravención de la sección 2 de la Ley de Derecho al Voto. Ejecutaremos las leyes para remediar cualquier contravención identificada. Además, ayudaremos a las jurisdicciones estatales y locales a cumplir con sus obligaciones según las leyes federales del derecho al voto. Como parte de este esfuerzo, revisaremos los documentos de guía existentes y, donde sea necesario, emitiremos nuevas guías para jueces electorales y el público.
Estrategia 2: Salvaguardar unas elecciones justas
El Departamento se centrará en salvaguardar a las personas que trabajan en las elecciones y votantes procesando las conductas delictivas, incluida la violencia y las amenazas de violencia. Nuestro grupo de trabajo conjunto para combatir amenazas contra las personas que trabajan en las mesas electorales investiga amenazas delictivas, adiestra a agentes del orden público federales, estatales y locales, y participa en un amplio compromiso de la comunidad con jueces de mesas electorales estatales y locales para obtener más detalles de la naturaleza de las amenazas a las que se enfrentan. El Departamento seguirá adiestrando a personal en todo el Departamento para identificar y responder mejor a la posible intimidación, e interferencia con votantes. Allí donde las agencias del orden público estatales o locales sean la solución más apropiada a una amenaza, trabajaremos con nuestros socios estatales y locales para responder.
No dudaremos en procesar delitos electorales cuando se produzcan. Dichos delitos incluyen contravenciones de leyes de financiamiento de campañas, el fraude electoral y la discriminación consciente. Además, mantendremos la confianza del público en el cumplimiento de las leyes federales de delitos electorales observando, mejorando y haciendo públicas las salvaguardas rigurosas contra la intrusión indebida en la administración de las elecciones estatales y locales, y respetando políticas de hace décadas diseñadas para asegurar que esos intereses partidistas nunca influencien nuestras operaciones.
Estrategia 3: Facilitar el acceso a las urnas a los votantes calificados
El Buró de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Alguaciles Federales (USMS, por sus siglas en inglés), en consulta con la División de Derechos Civiles (CRT, por sus siglas en inglés), seguirán promocionando y ampliando el acceso al voto entre votantes calificados que se encuentran bajo custodia federal según la Orden Ejecutiva (EO, por sus siglas en inglés) 14019. La División de Derechos Civiles está comprometida a proporcionar asistencia técnica a las agencias federales sobre las obligaciones y oportunidades con respecto al registro de votantes y a la Ley Nacional de Registro de Votantes, entre otras formas relacionándose con agencias que están interesadas en garantizar la designación de estado oficial como “agencias de registro de votantes” según esa ley. También estamos comprometidos a trabajar con el Departamento de Defensa y los jueces electorales para facilitar una implementación exenta de problemas de la Ley de Votación de Ciudadanos en Uniforme y en el Extranjero.
Indicadores clave del desempeño
- Número de nuevas causas de la Ley de Derecho al Voto iniciadas
- Porcentaje de casos que procesan amenazas de violencia e intimidación contra jueces electorales resueltos de modo favorable
- Porcentaje de instalaciones del BOP que proporcionan un plan estructurado sobre el derecho al voto de individuos puestos en libertad
Componentes del DOJ que contribuirán con este objetivo: CRM, CRT, USAO, BOP, FBI, USMS