WASHINGTON – Jorge De Castro Font, 45, un ex senador en el Commonwealth de Puerto Rico, hoy se declaró culpable de 20 cargos de fraude telegráfico de servicios honestos y un cargo de conspiración para cometer extorsión, anunciaron hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar Interina Rita M. Glavin de la División de lo Penal y la Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico Rosa Emilia Rodríguez-Vélez.
De Castro Font se declaró culpable de idear y participar en un ardid que privó al pueblo de Puerto Rico de sus servicios honestos como legislador, libres de conflictos de intereses, ocultamiento e influencias indebidas. De Castro Font también se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer extorsión a través del temor a daños económicos y bajo pretexto de derecho oficial. De Castro Font fue acusado formalmente por estos delitos y otros delitos relacionados el 2 de octubre de 2008.
De Castro Font presentó su declaración de culpabilidad ante el Juez Federal de Distrito Francisco Augusto Besosa en el Distrito de Puerto Rico. De Castro Font admitió que desde el 2 de enero de 2005 hasta agosto de 2008, solicitó directa e indirectamente a individuos entre 500,000 y 525,000 dólares aproximadamente en pagos en efectivo y otros beneficios, como contribuciones a la campaña que superaban los límites legales, alojamiento, vuelos privados, comidas y otras cosas de valor. De Castro Font admitió haber participado en actos oficiales de parte de algunos de estos individuos que le habían brindado estos beneficios no revelados, entre los que estuvieron, entre otros, proponer legislación, prevenir que se votaran o implementaran proyectos legislativos y persuadir a otros legisladores para votar a favor o en contra de legislación.
De Castro Font también admitió haber participado en una conspiración para obtener dinero en efectivo y otros beneficios de cinco individuos, sabiendo que ellos pensaban que si no le brindaban los beneficios financieros solicitados, él podía utilizar su puesto oficial para dañar sus intereses financieros.
El Juez Besosa programó una audiencia de lectura de sentencia para el 23 de abril de 2009.
"La utilización de un cargo electo para beneficio personal priva a los ciudadanos de los servicios honestos de sus líderes electos", dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Interina Rita M. Glavin. "El Departamento seguirá identificando y enjuiciando a funcionarios públicos que utilicen corruptamente su puesto e influencia para beneficiarse ilegalmente".
"El Senador De Castro Font ha aceptado la responsabilidad de los actos de corrupción pública de la acusación formal. Su conducta fue una afrenta a los votantes de Puerto Rico que confiaron en él y a la institución a la que representaba, el Senado del Commonwealth de Puerto Rico. Su descarada indiferencia hacia el juramento de su cargo y su abuso de la confianza pública, para su enriquecimiento personal, violaron la mismísima esencia de nuestro gobierno democrático. Continuaremos con nuestras investigaciones de corrupción pública contra funcionarios públicos y quienes realizan pagos ilegales a cambio de actos oficiales", dijo la Fiscal Federal Rosa Emilia Rodriguez-Velez.
"Esperamos que esta condena sirva como un fuerte mensaje a todos los servidores públicos de que la venta de influencia y la corrupción pública no serán toleradas por el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] o los ciudadanos de Puerto Rico que respetan la ley", dijo Luis Fraticelli, Agente Especial a Cargo de la Oficina Local del FBI en San Juan. "El FBI seguirá empeñándose en eliminar toda la corrupción pública. Como he dicho anteriormente, la corrupción afecta todos los aspectos de la sociedad: el pueblo, los empresarios honestos, la educación y las obras públicas".
El 4 de diciembre de 2008, Alberto Goachet, un asesor político y asistente de De Castro Font, se declaró culpable de participar en la conspiración para lavar contribuciones ilegales a la campaña y otros pagos. Goachet admitió que él y otras personas lavaron el dinero mediante el uso de facturas falsas que supuestamente reflejaban pagos legítimos a una empresa de asesoría política propiedad de Goachet. Goachet admitió que las facturas falsas tenían el propósito de ocultar los pagos ilegales de un empresario a De Castro Font. Goachet también admitió que en agosto de 2008, él declaró falsamente en una entrevista con el FBI que las facturas habían sido escritas legítimamente por servicios brindados al empresario y negó que el dinero estuviera dirigido a De Castro Font.
Estuvieron a cargo de la investigación en el caso los Fiscales Federales Auxiliares Jacqueline Novas y Timothy R. Henwood del Distrito de Puerto Rico, y el Abogado Litigante Matthew L. Stennes de la Sección de Integridad Pública de la División de lo Penal. El caso fue investigado por la Oficina Local del FBI en San Juan.
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