El Departamento de Justicia Resuelve Alegaciones que Declaran que Proveedores de Servicios de Modificación de Préstamos en California Discriminaron a Propietarios de Viviendas Hispanos con Base en Su Origen Nacional

WASHINGTON, D.C. – El Departamento de Justicia anunció hoy una serie de acuerdos cuyo objetivo es resolver las alegaciones de que varios proveedores de servicios de modificación de préstamos hipotecarios con sede en California discriminaron a ciertos individuos con base en su origen nacional, en contra de la ley federal de Vivienda Justa, al tener como público objetivo para sus servicios depredadores de modificación de préstamos hipotecarios a propietarios de viviendas hispanos y al interferir en la posibilidad de estos individuos conservar sus viviendas.

El Acuerdo resuelve un pleito que el Departamento presentó ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de California. Entre otros tipos de compensación, los acuerdos establecen un fondo de restitución de más de 148.000 $ para reembolsar a las víctimas de discriminación por los honorarios cobrados por los demandados como parte del plan depredador. El Pleito es el resultado de las denuncias presentadas ante el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD) por dos ex clientes de los demandados, Eberardo Pérez y Roberto Hernández, quienes se intervinieron en el pleito junto con su abogado, Housing & Economic Rights Advocates (HERA) y algunos miembros de la familia de Hernández.

«Los demandados en este caso vulneraron la ley federal y perjudicaron a las familias trabajadoras al explotar a propietarios de viviendas hispanos y tenerlos como público objetivo para sus servicios hipotecarios depredadores», indicó Eric Dreiband, el Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. «Estos acuerdos reflejan el compromiso inquebrantable del Departamento a poner fin a tales esquemas y a asegurar que todo propietario pueda acceder a servicios hipotecarios libres de discriminación».

«Las familias hispanas que están luchando por permanecer en las viviendas que trabajaron duro por comprar necesitan una ayuda real y no unos servicios hipotecarios falsos que empeoran una situación que ya de por sí está mal», declaró Anna María Farías, la Secretaria Auxiliar del HUD para la Vivienda Justa y la Igualdad de Oportunidades. «HUD seguirá colaborando con el Departamento de Justicia para tomar medidas contra aquellas personas y empresas que se aprovechen de propietarios de viviendas debido a su lugar de origen o porque hablen español u otros idiomas».

En su Denuncia Enmendada, el Departamento de Justicia alegó que del 2009 al 2010 tres compañías con sede en Modesto, California —The Home Loan Auditors LLC (THLA), Century Law Center LLC (CLC) y SOE Assistance Center Inc. (SOE)— junto con los directores de estas entidades y un bufete de abogados, convencieron a hasta 400 propietarios de viviendas hispanos que pagaran aproximadamente 5.000 $ para auditorías de préstamo innecesarias. Los demandados les dijeron a los propietarios de viviendas que las auditorías eran necesarias para las modificaciones de préstamo, pero en realidad las auditorías no tuvieron ningún impacto sobre el proceso de modificación de préstamo y no ofrecieron ningún beneficio financiero. Asimismo, el Departamento de Justicia alegó que como parte del servicio de modificación de préstamo que anunciaron, los demandados animaron a sus clientes a dejar de realizar pagos hipotecarios y les indicaron que dejaran de comunicarse con sus prestamistas. Estos consejos llevaron a que muchos propietarios de viviendas no pagaran sus hipotecas y que finalmente perdieran sus viviendas.

Las tres compañías nombradas en el pleito —THLA, CLC y SOE— cesaron sus actividades hace varios años. Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha resuelto su pleito contra los individuos que eran dueños y operadores de dichas compañías: Raúl Luna, Omar Alcarez, Hortencia León, Oralia Gutierrez, Elena Ramírez y Araceli Castro. También ha resuelto su pleito contra David Spieker, un abogado que trabajó para las compañías en ciertos aspectos de su esquema. Como parte de los acuerdos, los demandados acordaron abstenerse de conductas discriminatorias. Colectivamente, los demandados también acordaron contribuir más de 148.000 $ a un fondo de restitución que se utilizará para reembolsar a ex clientes por los honorarios pagados a THLA, CLC o SOE, y cinco de los demandados acordaron contribuir otros 405.699 $ por concepto de fallos suspendidos, lo cual solamente se podría cobrar si han hecho representaciones falsas en cuanto a su situación financiera actual.

Además del fondo de restitución establecido en conexión con las alegaciones de los Estados Unidos, HERA, Peréz y Hernández han llegado a acuerdos por aparte con los demandados, los que incluyen una indemnización adicional de 91.650 $.

La lucha contra la discriminación ilícita en la vivienda es de máxima prioridad para el Departamento de Justicia. La ley de Vivienda Justa prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color de piel, religión, género, estatus familiar, origen nacional y discapacidad. Para más información sobre la División de Derechos Civiles y las leyes que hace cumplir, consulte www.justice.gov/crt-espanol. Aquellos individuos que creen haber sido víctimas de la discriminación en la vivienda pueden llamar al Departamento de Justicia al 1-800-896-7743, enviar un correo electrónico al Departamento de Justicia a fairhousing@usdoj.gov o comunicarse con HUD al 1-800-669-9777.