El Departamento de Justicia Entabla Demanda contra la Ciudad de Hesperia, California y el Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino por Haber Discriminado a Inquilinos Afroestadounidenses y Latinos

          LOS ÁNGELES - El Departamento de Justicia anunció hoy que ha entablado una demanda contra la Ciudad de Hesperia y el Departamento del Alguacil (Sheriff) del Condado de San Bernardino, alegando que los mismos han discriminado a inquilinos afroestadounidenses y latinos, en contra de la ley de Vivienda Justa.

          La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Central de California, alega que la Ciudad, con un apoyo importante del Departamento del Alguacil, promulgó un decreto de arrendamiento con la intención de abordar lo que un miembro del consejo municipal describió como "problema demográfico," eso es, la población afroestadounidense y latina en aumento, lo cual ocasionó el desalojo de bastantes inquilinos afroestadounidenses y latinos. El decreto, que estaba en vigor entre el 1 de enero del 2016 y el 18 de julio del 2017, fecha en la cual se enmendó, requirió a todo propietario desalojar a inquilinos al ser notificado por el Departamento del Alguacil que dichos inquilinos habían estado involucrados en alguna actividad delictiva en la propiedad o sus alrededores. Más aún, la demanda alega que el Departamento del Alguacil ejerció su discreción sustancial en la ejecución del decreto para marcar como objetivo a los inquilinos afroestadounidenses y latinos y las zonas de mayoría-minoría de Hesperia. Aunque el presunto fin del decreto era combatir "las actividades delictivas," el Departamento del Alguacil notificó a los propietarios que comenzaran a desalojar a familias enteras, incluyendo a niños, para conductas que involucraban a un solo inquilino o a alguien que ni siquiera era inquilino de la propiedad, a desalojar a víctimas de la violencia doméstica y a desalojar a personas basándose únicamente en puras alegaciones y sin pruebas de actividades delictivas.

          "Nuestra oficina se ha comprometido a defender los derechos civiles de todos," afirmó Nick Hanna, el Fiscal Federal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. "La protección del público es uno de los deberes más importantes de los gobiernos locales y comisarías, y el público les encomienda tremendos poderes para realizar tal deber. No les permitiremos que abusen de esos poderes al privar a la gente de sus derechos."

          "La ley de Vivienda Justa prohíbe que los gobiernos locales promulguen decretos cuya intención es alejar a inquilinos afroestadounidenses y latinos por motivos de su raza y origen nacional o que hagan cumplir sus decretos de una forma discriminatoria," declaró el Fiscal General Auxiliar Eric Dreiband. "El Departamento de Justicia de los Estados Unidos seguirá haciendo cumplir de manera fervorosa la ley de Vivienda Justa a cada persona y cada organización o institución que vulnere las protecciones ofrecidas en virtud de la ley contra la discriminación por motivos de raza u origen nacional y otras formas de discriminación ilícita."

          "Las personas y familias tienen derecho a vivir dónde elijan, independientemente de su raza u origen nacional," dijo Anna María Farías, Secretaria Auxiliar de Vivienda Justicia e Igualdad de Oportunidades en el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. ("HUD," por sus siglas en inglés). "HUD felicita la medida que se tomó hoy y seguirá colaborando con el Departamento de Justicia para abordar políticas y prácticas que vulneran las leyes de vivienda justa de esta nación."

          La demanda del Departamento de Justicia se basa en una investigación y denuncia de discriminación radicada por HUD, la cual halló que era mucho más probable que inquilinos afroestadounidenses y latinos fueran desalojados en virtud del decreto que inquilinos blancos, y que los desalojos ocurrieron de manera desproporcionada en las zonas de mayoría-minoría de Hesperia. Según la demanda, HUD determinó que inquilinos afroestadounidenses tenían una probabilidad cuatro veces mayor que la de inquilinos blancos no-hispanos de ser desalojados a causa del decreto y que la probabilidad de que un inquilino latino fuera desalojado era un 29 % mayor que la de un inquilino blanco no-hispano. Los datos del Departamento del Alguacil mostraron que el 96 % de las personas que el Departamento del Alguacil identificó como objeto para el desalojo conforme al decreto durante el año 2016 habían vivido en zonas de censo de mayoría-minoría. HUD determinó que existían motivos fundados para creer que la ciudad y el condado hubieran tenido prácticas de vivienda discriminatorias.

          Por otra parte, la demanda alega que funcionarios municipales promulgaron el decreto para alejar a inquilinos afroestadounidenses y latinos de Hesperia. Durante las audiencias del concejo municipal, funcionarios municipales y otros realizaron algunas declaraciones que demostraron que la Ciudad había promulgado el decreto para revertir cambios "demográficos" en Hesperia, lo que incluía enfocarse en presuntos recién-llegados de zonas de Los Ángeles que son predominantemente de minorías.

          Los funcionarios municipales expresaron su deseo de que el decreto alejara a los supuestos recién-llegados "muy lejos de nuestro pueblo." La Ciudad promulgó el decreto a pesar de recibir, de varios segmentos de la comunidad, objeciones relacionadas con derechos civiles a muchas de sus disposiciones.

          La demanda alega que, además del mandato de desalojo, el decreto requirió a todo propietario de vivienda de alquiler registrar sus propiedades inmuebles y pagar una cuota anual; entregar los nombres de todos los adultos que solicitaron una vivienda de alquiler al Departamento de Alguacil para que el mismo comprobara sus antecedentes y utilizar un servicio disponible en el mercado para realizar su propia verificación de antecedentes penales, los gastos de la misma tenían que sufragar el mismo propietario. De no hacerlo, los propietarios podían ser multados.

          Más aún, la demanda alega que el Departamento del Alguacil usó el decreto para marcar como blanco a arrendatarios e inquilinos afroestadounidenses y latinos que vivían en zonas de mayoría-minoría de Hesperia. La demanda de los Estados Unidos alega que, al hacer cumplir el decreto, el Departamento del Alguacil avisó a los propietarios que comenzaran a desalojar al hogar entero por la conducta de un solo individuo, incluyendo en casos en los que los inquilinos eran víctimas de la violencia doméstica. Entre los desalojados había niños pequeños que no fueron acusados de ninguna infracción.

          La lucha contra la discriminación ilícita en la vivienda es una de las prioridades principales del Departamento de Justicia. La ley de Vivienda Justa prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color de piel, religión, género, estado civil, origen nacional y discapacidad. Para más información sobre la División de Derechos Civiles y las leyes que hace cumplir, vaya a www.justice.gov/crt-espanol. Para más información sobre la Sección de Derechos Civiles, División Civil de la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California, vaya a https://www.justice.gov/usao-cdca/civil-division/civil-rights.

          Aquellos individuos que creen haber sido víctimas de discriminación en la vivienda pueden llamar al Departamento de Justicia al 1-800-896-7743 (pulse 1 para continuar en inglés y elija la opción de buzón 4; pulse 2 para continuar en español y elija la opción de buzón 4, enviar un correo electrónico al Departamento de Justicia a fairhousing@usdoj.gov o comunicarse con HUD at 1‑800-669-9777. También se puede presentar una demanda relacionada con la discriminación en la vivienda o con alguna otra vulneración de derechos civiles ante la Sección de Derechos Civiles, División Civil de la Fiscalía Federal llamando al (213) 894-2879, enviando un correo electrónico a USACAC.CV-CivilRights@usdoj.gov o completando y entregando este formulario.