La Procuradora General Adjunta Leslie R. Caldwell Ofrece Discurso en la Universidad Católica de Colombia Sobre Cooperación Internacional Estratégica en la Lucha Contra el Delito Internacional

Gracias, Paula [Ramírez] por esa bienvenida tan cálida.  Es un privilegio estar con todos ustedes aquí en Bogotá. 

Me gustaría agradecer al presidente y los miembros de la Corte Suprema de Colombia, el Secretario de Justicia Interino Jorge Perdomo, los ministros y muchos otros distinguidos dignatarios, miembros de los cuerpos diplomáticos y líderes empresariales y académicos por su hospitalidad, apoyo y colaboración firme a lo largo de los años.  Desearía agradecer especialmente al Canciller de la Universidad Católica, el Dr. Francisco Gómez, por crear este foro, organizar este evento en este hermoso edificio ecológico y de gran complejidad tecnológica – un lugar verdaderamente único – y por darnos a mi equipo y a mí una bienvenida tan cálida.  Y me gustaría agradecerles a todos los presentes hoy aquí por su colaboración, su pasión y su dedicación constante a la causa de la justicia.

Hoy, me gustaría hablarles de cooperación internacional estratégica en la lucha contra el delito organizado a nivel internacional.  Colombia es un lugar adecuado para abordar este tema.  Nuestra labor conjunta en esta lucha se remonta décadas y ha dado dividendos a la seguridad de nuestros dos países, nuestros vecinos y el mundo.  El hecho de hablar de esto en esta universidad y colegio de abogacía me parece particularmente adecuado, ya que esta institución está capacitando a futuros abogados y líderes – nuestros futuros socios – en esta iniciativa en curso.

El ejercicio del derecho nunca ha sido más global.  Es por eso que eventos como este son cruciales para reunir a las comunidades legales colombianas y estadounidenses para generar un compromiso renovado con la cooperación, la seguridad, las oportunidades y la justicia en nuestros dos países.  A medida que nuestro mundo se hace más interdependiente y está cada vez más interconectado, la colaboración no ha hecho más que incrementar su importancia.  Es importante que hagamos esto juntos y es de igual importancia que todos sepan que estamos trabajando juntos como socios, especialmente dado el respeto que nos tenemos los unos a los otros y que le tenemos a los logros que alcanzamos juntos.

Por eso no les sorprenderá que el Departamento de Justicia de los EE.UU. – y, en particular, la División de lo Penal – ha hecho grandes esfuerzos para desarrollar relaciones con comunides de las fuerzas del orden público y de la justicia en todo el mundo, usando nuestra relación con Colombia como modelo.  La División de lo Penal actualmente tiene fiscales destinados en al menos 45 países.  Y tenemos casos por conducta delictiva en cada uno de los continentes poblados.

Pero nuestra relación con Colombia en muchos sentidos no tiene precedentes.  Es muy especial.  Es un modelo de colaboración y cooperación.  Y tiene un futuro prometedor al extender nuestra cooperación a nuevas fronteras.  Por eso quiero aprovechar la oportunidad que tengo hoy para abordar dos facetas de nuestra relación: primero, me gustaría destacar la manera en que nuestra cooperación mutua y asistencia en asuntos penales ha evolucionado a lo largo del tiempo y, segundo, me gustaría proyectar hacia dónde podría estar yendo esta relación, mientras afrontamos nuevos desafíos en un mundo que evoluciona rápidamente.

Hace un cuarto de siglo, los Estados Unidos y Colombia firmaron por primera vez un tratado de asistencia legal mutua sobre extradición.  Luego la cooperación entre los Estados Unidos y Colombia comenzó en serio en 1997 cuando Colombia realizó enmiendas a la constitución colombiana que hicieron posible el marco moderno de extradición.

En años más recientes, enfrentamos un panorama incierto en justicia penal.  En Colombia, al igual que en los Estados Unidos y en todo el mundo, comenzamos a luchar con la naturaleza cada vez más internacional del delito, provocada en gran parte por un incremento del movimiento de personas, productos e información a través de fronteras.  Esos cambios exigían un compromiso firme con la cooperación internacional y la asistencia mutua.

Juntos, tomamos seriamente esa responsabilidad.  Desde capacitación judicial y procesal hasta investigaciones conjuntas dirigidas al desmantelamiento de carteles, desde la transmisión de evidencia delicada hasta la extradición de delincuentes de alto nivel, hemos trabajado juntos para apoyar e invertir en cooperación mutua e instituciones del Estado de derecho en nuestros dos países.

Una de las asociaciones más importantes – y espero que perdurables – entre nuestros dos países se ha forjado a través de la capacitación.  Dos componentes de la División de lo Penal han sido instrumentales en este campo.  El Programa de Asistencia Internacional para Capacitación en la Investigación de Delitos [International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP)] trabaja con gobiernos extranjeros para desarrollar instituciones de las fuerzas del orden público profesionales y transparentes que protejan los derechos humanos, combatan la corrupción y reduzcan la amenaza del delito y el terrorismo internacional.  La Oficina de Asistencia y Capacitación para el Desarrollo Procesal en el Extranjero [Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT)] ofrece asesores legales para que trabajen con nuestros asociados internacionales para expandir la capacidad, mejorar la cooperación y brindar asistencia técnica para combatir el lavado de dinero, el terrorismo y el tráfico de personas, entre otros.

 Respondiendo una invitación de Colombia, la División de lo Penal envió aquí a un fiscal con trayectoria para participar en la capacitación de miles de jueces, fiscales y agentes de las fuerzas del orden público en cada rincón de este país.  Juntos, creamos el Centro de Procesamiento de Restos Humanos en Medellín, que actualmente es un líder mundial en la identificación de ADN y la antropología forense.  Apoyamos su desarrollo de la Unidad Nacional Colombiana contra la Delincuencia Organizada, que ahora tiene fiscales destinados en toda Colombia y es reconocida como una de las unidades más exitosas en la región en la investigación y el enjuiciamiento de la delincuencia organizada.  Estas son solo algunas de las iniciativas que hemos realizado juntos para cumplir con nuestro compromiso de cooperación y asistencia.  Estos son algunos de los éxitos fundacionales sobre los que construimos una relación sólida y duradera.

De más está decir que la capacitación solo es una de las partes de nuestro enfoque estratégico en la lucha contra la delincuencia internacional.  El éxito también requiere canales eficaces de comunicación.  Es por eso que el Departamento de Justicia tiene abogados en el terreno aquí y en todo el mundo.  Desde hace alrededor de 20 años, la División de lo Penal ha destinado a dos fiscales federales de carrera aquí en Bogotá en la Embajada de los EE.UU.  La meta es facilitar la comunicación, la puesta en común de evidencia y el apoyo operativo entre los gobiernos de EE.UU. y Colombia.  Nuestro equipo en el país trabaja colaborativamente para fomentar las relaciones bilaterales institucionales y personales que son la base de nuestros éxitos de coacción.  Este tipo de relaciones son esenciales para nuestros esfuerzos operativos mutuos. 

No hay duda de que nuestra relación realmente se basa en la reciprocidad.  Cuando necesitamos su apoyo en asuntos de justicia penal, ustedes han acompañado a los hombres y mujeres del Departamento de Justicia y al pueblo estadounidense.  Cuando necesitamos evidencia y asistencia operativa en casos que buscaban reparar el daño a nuestra seguridad nacional o la seguridad de nuestras comunidades, nuestros amigos y asociados aquí en Colombia han estado con nosotros de manera constante para buscar la justicia.  De hecho aprendimos muchas lecciones juntos sobre cómo luchar contra la delincuencia organizada internacional en sus diversas formas y la impunidad que produce.

Pero ustedes han llevado esta relación un paso más allá y han exportado esas lecciones aprendidas a la región y otras partes del mundo.  Actualmente es claro que Colombia es un líder reconocido en cuanto a reformas a la justicia penal y conocimientos en la lucha contra la delincuencia organizada.  Juristas de otros países los consultan cuando lanzan sus propios sistemas de acusación.  Legisladores y juristas de otros países se sienten inspirados por su reforma del código de confiscación de bienes.  Y ustedes han enviado a fiscales de delincuencia organizada a asociados regionales para compartir sus experiencias en la investigación y el enjuiciamiento de Bandas Criminales, o BACRIM, y otras formas de delincuencia organizada.

El liderazgo regional e internacional demostrado por Colombia en la cooperación de justicia penal también es evidente en sus tareas operativas.  Hace solo cuestión de semanas, trabajando codo a codo con autoridades estadounidenses, mexicanas y españolas, las autoridades colombianas desmantelaron exitosamente una red compleja de lavado de dinero que realizaba contrabando de grandes sumas de dinero, cientos de millones de dólares, de delincuentes organizados que trabajaban para una de las principales aerolíneas de Colombia.  Ese es el tipo de cooperación y liderazgo regional que me enorgullece reconocer esta mañana.

Me gustaría destacar que la asistencia de los EE.UU. y nuestra cooperación conjunta no tendría sentido sin el esfuerzo y sacrificio del pueblo colombiano, cuya valentía y sacrificio es evidente, y en particular de los valientes jueces, fiscales, investigadores y otros en Colombia, cuyas contribuciones son el pilar para proteger la justicia aquí.  Los principales fiscales de la División de lo Penal seguirán brindando sus conocimientos y asistencia a sus colegas colombianos para luchar contra la delincuencia organizada, en particular respecto de las BACRIM, y esperan aprender juntos mejores maneras de combatir la delincuencia organizada internacional, que nunca deja de evolucionar.

Esto me lleva al futuro.  Mientras Colombia se acerca a la promesa potencial de paz después de décadas de guerra, el fortalecimiento de nuestras tareas conjuntas contra todo tipo de delincuencia ahora es más importante que nunca.  Nuestro compromiso con Colombia y el pueblo colombiano sigue siendo firme.

Las amenazas que enfrentamos en la sociedad verdaderamente global de la actualidad ya no están limitadas por fronteras u océanos, ni circunscriptas a un país o región.  Están facilitadas mediante el uso de nuevas tecnologías.  Ya podemos acceder al mundo con los teléfonos inteligentes que llevamos en el bolsillo.  Pero estas mismas tecnologías también son usadas por quienes desean hacernos daño.  En vez de robar un solo banco, con todo el riesgo de violencia y captura que eso conlleva, un hacker informático sentado en su sótano puede robar el equivalente de miles de bancos en solo unos minutos, tocando una tecla en vez de empuñando un arma.

Además, los problemas que afectan a una nación pueden afectarnos a todos.  Con la corrupción, los delitos financieros, el lavado de dinero y los delitos cibernéticos, entre otros, nos enfrentamos a desafíos globales que exigen una respuesta verdaderamente global.  Es por eso que es esencial que sigamos examinando y aprovechando nuevas herramientas para mejorar nuestra lucha contra la delincuencia internacional.

El incremento de los negocios globalizados ha puesto el foco en la corrupción internacional.  Lamentablemente, la corrupción está presente en todos los países.  Hace que nuestros países sean menos seguros, boicotea el desarrollo económico, atrapa a poblaciones enteras en la pobreza y deja a los países sin un sistema judicial creíble.  Los funcionarios corruptos que privilegian su enriquecimiento personal por sobre el beneficio de su ciudadanía crean países inestables.  Y como hemos visto una y otra vez, los países inestables se convierten en caldo de cultivo y lugares seguros para grupos terroristas y otros delincuentes que amenazan la seguridad de todos nosotros.

Es por eso que la División de lo Penal ha destinado importantes recursos procesales a investigar la corrupción en el extranjero, especialmente la que involucra a empresas estadounidenses.  En los Estados Unidos, además de nuestras leyes internas contra el soborno y el fraude, tenemos la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)].  La FCPA prohibe el pago de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros para ayudar a obtener o retener negocios y se aplica a la mayoría de las compañías cuyos negocios tienen algún nexo con los Estados Unidos.  Esta ley es similar a una ley regulatoria aprobada recientemente en Colombia contra la corrupción internacional, con la diferencia de que la FCPA es una ley penal.  Mediante el alcance extraterritorial de la FCPA, los Estados Unidos se aseguran de que sus entidades corporativas no contribuyan a un clima de corrupción en los países extranjeros en los que operan, y de que no afecten el libre mercado a través de ventajas económicas injustas.

Para hacer valer la FCPA, muchas veces es necesaria una cooperación internacional eficaz.  Por ejemplo, el año pasado, el ex codirector ejecutivo de PetroTiger Ltd. – una empresa de petróleo y gas en las Islas Vírgenes Británicas con operaciones en Colombia y anteriormente una oficina en los Estados Unidos – se declaró culpable de conspirar para pagar sobornos a un funcionario colombiano en EcoPetrol a cambio del otorgamiento de un contrato de servicios petroleros de 45 millones de dólares.  Este fue el tercer ex ejecutivo de PetroTiger en ser condenado en conexión con esa conspiración.  A lo largo de la investigación, la Sección de Fraude de la División de lo Penal gozó de la cooperación cercana y asistencia significativa de nuestros asociados colombianos de las fuerzas del orden público y otros miembros del gobierno colombiano.  A medida que la economía de Colombia sigue expandiéndose y sus lazos comerciales con los Estados Unidos siguen desarrollándose, esperamos desarrollar esa asociación con Colombia en el contexto de la lucha contra la corrupción.

El enjuiciamiento penal solo es un aspecto del imperio de la ley y la justicia.  La confiscación de bienes y ganancias derivados de la corrupción o delitos financieros, así como otros delitos, también es esencial.  El origen de la mayor parte de la actividad delictiva es la codicia, la riqueza y el poder.  Llevar a la cárcel a los delincuentes no es suficiente.  Hace falta quitarles la razón misma de sus actos: la riqueza y los beneficios que conseguían ilegalmente a costa de sus víctimas inocentes.  Dentro de la División de lo Penal, confiamos en los conocimientos de nuestra Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero para investigaciones de lavado de dinero y procesos de confiscación delicados y muy complejos.   Espero que compartiendo nuestras experiencias en este campo, podamos asistir en la implementación exitosa de la ley de confiscación de bienes recién promulgada de Colombia.  La confiscación en el contexto del delito internacional requiere coordinación, y es por eso que esperamos finalizar un acuerdo de bienes compartidos para permitir que los Estados Unidos compartan bienes confiscados con Colombia, para devolver bienes robados que pertenecen al pueblo colombiano.  Nuestra visión a largo plazo es desarrollar una asociación con Colombia en este campo, que es crucial para el imperio de la ley y la justicia.

Como observé antes, los avances tecnológicos han modificado la manera en que se produce el delito y los daños que puede provocar.  Quizás el crecimiento más significativo de la delincuencia internacional se observa en el ciberespacio, que afecta la seguridad de nuestra información más delicada, desde datos personales hasta propiedad intelectual.  Y los delitos cibernéticos ya no son territorio exclusivo de los expertos en tecnología.  Las herramientas de piratería preprogramadas ahora están disponibles en foros delictivos en línea donde cualquier comprador puede adquirirlas, entre ellos miembros de mafias de delincuencia organizada.

Los delitos cibernéticos pocas veces permanecen dentro de las fronteras de un país.  Los hackers roban información personal ubicada en un país, luego quitan los datos de servidores en otro país y cuentan sus ganancias en un tercer país.  Y los delincuentes cibernéticos sofisticados se aprovechan a sabiendas de fronteras internacionales y diferencias en sistemas legales, con la esperanza – a menudo muy justificada – de que los investigadores en los países donde están sus víctimas no podrán identificarlos u obtener evidencia desde el extranjero o de que sus países de residencia nunca los extraditarán para que se enfrenten a la justicia.  Dado que los delincuentes cibernéticos actúan cruzando fronteras, nosotros también debemos coordinarnos y cruzar nuestras fronteras.  Debemos ser innovadores, movernos con rapidez y trabajar juntos.

La División de lo Penal cuenta con los conocimientos de abogados especializados y otros miembros de nuestra Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual, cuyos fiscales están listos para trabajar con Colombia en esta nueva frontera.

El Departamento de Justicia también está llevando a cabo una serie de iniciativas estratégicas para responder al nuevo panorama delictivo internacional.  En particular, estamos tomando medidas para hacer crecer significativamente nuestra Oficina de Asuntos Internacionales [Office of International Affairs (OIA)] a través de nuestro Proyecto de Modernización del Tratado de Asistencia Legal Mutua [Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)], que mejorará nuestra capacidad de trabajar de manera eficiente y eficaz con nuestros colegas de todo el mundo.  En una era en la que la comunicación es instantánea, nuestras respuestas a los pedidos de asistencia legal mutua de los demás deben mantenerse al día.  Asimismo, hemos creado una unidad cibernética en la OIA que está dedicada a responder y ejecutar pedidos de evidencia electrónica de autoridades extranjeras: pedidos que se han incrementado en más de 1,000 por ciento en la última década.  De más está decir que la asistencia legal mutua no puede ser nuestra única manera de obtener evidencia que puede almacenarse en el extranjero, pero nuestra labor para mejorar nuestras relaciones bilaterales y nuestra propia respuesta de MLAT son esenciales en un mundo con delincuencia global en crecimiento.

El mundo moderno nos presenta a todos diversos desafíos, pero cada uno de esos desafíos también es una oportunidad: una oportunidad que solo podemos aprovechar plenamente cuando trabajamos juntos.  Con el apoyo y la asociación de las mentes de la justicia penal, el gobierno, las empresas y la academia que están representadas hoy aquí, confío en que – sin importar los obstáculos que podamos enfrentar – una fuerte asociación entre Colombia y los Estados Unidos puede ayudar a crear naciones más fuertes, comunidades más seguras y la sociedad global más justa que todos nuestros ciudadanos merecen.