Tres ciudadanos extranjeros han sido sentenciados a 23 meses en prisión cada uno por ardid de contrabando de extranjeros y fraude de visas

WASHINGTON – Tres ciudadanos extranjeros fueron sentenciados cada uno a 23 meses en prisión hoy por sus papeles en una conspiración para realizar contrabando de extranjeros por ganancias monetarias y conspiración para cometer fraude de visa en un ardid de fraude de visas amplio y sofisticado a través del cual obtuvieron visas fraudulentamente en la Embajada de EE.UU. en Bogotá, Colombia.

Las sentencias fueron anunciadas por el Fiscal Federal Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal; el Fiscal Federal Ronald C. Machen Jr. del Distrito de Colombia; Eric J. Boswell, Secretario Auxiliar de Seguridad Diplomática y Director de la Oficina de Misiones Extranjeras, Departamento de Estado de EE.UU.; y el Director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. [U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)] John Morton.

La Juez Federal de Distrito Ellen S. Huvelle también ordenó a Heliber Toro Mejía, 52; Humberto Toro Mejía, 60; y Luz Elena Acuna Ríos, 53; todos de Bogotá, cumplir tres años de libertad bajo supervisión después de haber cumplido sus sentencias en prisión. La Juez Huvelle también emitió órdenes de expulsión para los demandados.

Los demandados se declararon culpables el 29 de septiembre de 2010 de un cargo de conspiración para cometer contrabando de extranjeros por ganancias monetarias y un cargo de conspiración para cometer fraude de visas. Fueron acusados en una acusación formal compuesta por tres cargos emitida por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia el 4 de febrero de 2009. Los demandados fueron arrestados el 2 de junio de 2009 por autoridades colombianas en Bogotá a partir de órdenes provisionales de arresto en respuesta a una solicitud del gobierno de EE.UU. de su arresto, siendo luego extraditados a los Estados Unidos para su enjuiciamiento.

De acuerdo con el expediente judicial, Heliber Toro Mejía, Humberto Toro Mejía y Luz Elena Acuna Ríos admitieron que operaban una red amplia y sofisticada de fraude de visas al ayudar a ciudadanos colombianos que, de lo contrario, no serían admitidos, a conseguir visas fraudulentamente en la Embajada de EE.UU. en Bogotá. De acuerdo con los documentos de la declaración de culpabilidad, para respaldar las solicitudes de visas de solicitantes extranjeros, los demandados y otros conspiradores crearon antecedentes ficticios para los extranjeros y documentación de respaldo fraudulenta, incluidos documentos que parecían ser documentos oficiales emitidos por el gobierno colombiano, tales como declaraciones de impuestos y certificados de nacimiento y casamiento, registros de titularidad de propiedad y documentos de sociedades. De acuerdo con los documentos de la declaración de culpabilidad, los conspiradores instruyeron a los extranjeros con respecto a cómo aprobar la entrevista para la visa en la Embajada de EE.UU. en Bogotá al contestar preguntas de manera engañosa, así también cómo mentirles a las autoridades de inmigración de EE.UU. sobre sus antecedentes al ingresar a los Estados Unidos. Los demandados admitieron haber ayudado a más de 100 extranjeros a obtener o intentar obtener fraudulentamente una visa de EE.UU. durante la conspiración. De acuerdo con los documentos de la declaración de culpabilidad, muchos de dichos extranjeros que lograron obtener una visa de manera fraudulenta utilizaron dicha visa para entrar a los Estados Unidos.

Como parte de sus sentencias, se les ordenó a los demandados entregar activos relacionados con el ardid de contrabando de extranjeros y fraude de visas, incluida una oficina en Bogotá y $234,533 dólares del producto del ardid. Los demandados aceptaron asistir plenamente a los gobiernos de los Estados Unidos y la República de Colombia en la identificación y ubicación de toda propiedad directamente confiscable y activos sustitutos y transferirle el título de propiedad de propiedad directamente confiscable y activos sustitutos a los Estados Unidos. Si el gobierno de EE.UU. así lo solicita, los demandados también entregarán voluntariamente al gobierno de Colombia todo activo sujeto a confiscación como resultado de sus actividades delictivas.

Los cargos fueron el resultado de la "Operación país del café", una investigación internacional coordinada por el Servicio de Seguridad Diplomática - Oficina de Seguridad Regional en Bogotá y la Oficina del Agregado de Investigaciones de Seguridad Nacional [Homeland Security Investigations (HSI)] del ICE en Bogotá. El Servicio de Seguridad Diplomática - División de Investigaciones Criminales y el Agente Especial a Cargo de HSI del ICE en Washington, D.C. brindaron importante asistencia.

El gobierno de Colombia, incluido el Departamento Colombiano de Seguridad Administrativa y fiscales colombianos, brindaron asistencia y apoyo significativos durante la investigación, el arresto y la extradición de los demandados. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal y la Embajada de EE.UU. en Bogotá trabajaron con sus colegas en Colombia para efectuar la extradición.

Están a cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante Principal James S. Yoon de la Sección de Derechos Humanos y Enjuiciamientos Especiales de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Frederick W. Yette de la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia. La Abogada Litigante Nicolette Romano de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal brindó significativa ayuda. La Abogada Litigante Principal Jean Weld de la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero de la División Criminal y la Secretaria de Justicia Auxiliar Diane Lucas también brindaron asistencia.