Gran operación de las fuerzas del orden en Guatemala asegura la detención de un traficante de personas acusado por la Fuerza de Tarea Operativa Conjunta Alpha por sus vínculos con el suceso de víctimas masivas en Texas en 2022

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El miércoles, una extensa coordinación y colaboración entre el Departamento de Justicia y sus socios nacionales e internacionales resultó en una gran operación de las fuerzas del orden que desmanteló un red de tráfico de personas basada en Guatemala. En un viaje en junio de 2022, esta red introdujo ilegalmente a los Estados Unidos a 53 migrantes en un camión de remolque que terminó con su muerte en San Antonio, Texas. Veintiuno de los fallecidos eran guatemaltecos.

Este caso es parte de la Fuerza de Tarea Operativa Conjunta Alpha (JTFA, por sus siglas en inglés), creada por el fiscal general Merrick B. Garland en junio de 2021, en asociación con el Departamento de Seguridad Nacional, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos de las fuerzas del orden de los EE. UU. contra el tráfico de personas que proviene de Centroamérica.

El 21 de agosto, las fuerzas del orden guatemaltecas ejecutaron múltiples órdenes de cateo y detención en toda Guatemala, trabajando conjuntamente con agentes de las fuerzas del orden de los Estados Unidos. A solicitud de los Estados Unidos, las autoridades guatemaltecas arrestaron al ciudadano guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda-Orozco, imputado por el Distrito Oeste de Texas, en conexión con la investigación. Seis personas arrestadas como parte de la operación serán imputadas en Guatemala.

Miranda-Orozco, 47, cuya acusación formal se hizo pública hoy, presuntamente conspiró con otros traficantes para facilitar el viaje de cuatro migrantes de Guatemala a través de México con destino final a los Estados Unidos. Presuntamente cobró a los migrantes, o sus familias y amigos, aproximadamente entre $12,000 y $15,000 dólares estadounidenses por el viaje. La acusación formal alega que tres de estos migrantes fallecieron en el camión de remolque, y el cuarto sufrió graves lesiones corporales. Miranda-Orozco está imputado por seis cargos relacionados con el tráfico de personas migrantes que resultó en muertes o graves lesiones corporales. Enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

“En los últimos dos años, el Departamento de Justicia ha trabajado metódicamente para que los responsables paguen por la horrible tragedia en San Antonio que mató a 53 personas víctimas de los traficantes de personas”, dijo el fiscal general Garland. “Con estas detenciones, el Departamento de Justicia y nuestros socios en Guatemala hemos llegado a un total de 14 detenidos por su presunta participación en esta tragedia. Estamos comprometidos a continuar el trabajo con nuestros socios tanto aquí en los Estados Unidos como en el extranjero para identificar a los más prolíficos y peligrosos grupos de traficantes de personas que operan en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Panamá”.

“Los traficantes abusan de los migrantes y buscan ganancias con total desprecio por la vida humana, como vimos en el trágico incidente que mató a 53 personas”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas. “Los hombres y mujeres de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Control de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) trabajan cada día para desmantelar esas redes sofisticadas de traficantes, y seguiremos trabajando junto con nuestros socios federales e internacionales para desmantelarlas a todo nivel de operación”.

“Al lanzar la Fuerza de Tarea Operativa Conjunta Alpha hace tres años, el Departamento de Justicia organizó todas las herramientas a nuestra disposición para desmantelar las redes de traficantes de personas en todo el continente. Después de la trágica muerte de 53 migrantes en junio de 22, prometimos llevar ante la justicia a los responsables, sin importar dónde viven o dónde operan”, dijo la fiscal general adjunta Lisa Mónaco. “Las detenciones de hoy en Guatemala son la culminación continua de esa promesa. No descansaremos en nuestros esfuerzos para desbaratar las redes que se aprovechan de la desesperación y fomentan la miseria en el Hemisferio Occidental”.

“Como se alega en la acusación formal, Miranda-Orozco reclutó algunos migrantes que murieron en la parte trasera del camión con remolque cerca de San Antonio, Texas, en junio de 2022. Él trabajo con una red de traficantes para transportar a los migrantes desde Guatemala a través de México con destino final a los Estados Unidos”, dijo la fiscal general adjunta principal Nicole Argentieri, jefa la División Penal del Departamento de Justicia. “Esta tragedia es una funesta advertencia de los peligros que causan los traficantes de personan al exponer a los migrantes a condiciones que ponen en peligro sus vidas a cambio de ganancias para los traficantes. Desmantelar las redes de tráfico de personas es una prioridad principal de la División Penal y seguiremos trabajando con nuestros socios de las fuerzas del orden nacionales e internacionales para investigar y enjuiciar estos casos, independientemente de dónde se encuentren los delincuentes”.

“Esta fue una operación compleja y un gran éxito para el progreso de este caso. Detuvimos a un organizador clave de esta horrible operación de tráfico de personas en la que se cobraba miles de dólares a las familias por un transporte seguro a través de la frontera de los EE. UU., desde Guatemala y otros países”, dijo el fiscal de los EE. UU., Jaime Esparza, del Distrito Oeste de Texas. “Este significativo desarrollo del caso demuestra el compromiso de este oficina, el Departamento de Justicia y nuestros socios a todos los niveles necesarios, para garantizar que los 53 migrantes fallecidos en la tragedia del camión con remolque en el 2022 reciban justicia”.

“HSI se ha comprometido profundamente en la lucha global contra el tráfico de personas que incluye nuestras operaciones internacionales en Centroamérica y Sudamérica. Estas detenciones reflejan el desmantelamiento de organizaciones centroamericanas de tráfico de personas que reclutan, organizan y transportan personas”, dijo la subdirectora ejecutiva de HSI Katrina W. Berger. “Combatir este prolífico crimen transnacional es una de nuestras principales prioridades. Nuestros agentes especiales y analistas penales están activamente en comunicación con nuestros socios de las fuerzas del orden y las fuerzas de tarea operativa en todo el mundo que trabajan para desmantelar las redes criminales que tratan la vida humana como una mercancía. HSI seguirá utilizando todos nuestros recursos disponibles para llevar a los traficantes de personas ante la justicia”.

“Los hombres y mujeres del CBP son firmes en su compromiso de combatir y desbaratar las redes de traficantes de personas que inescrupulosamente explotan y ponen en peligro la vida de los migrantes, desde el momento de este trágico incidente en San Antonio hasta el importante paso dado hoy de llevar a los responsables ante la justicia”, dijo el oficial sénior ejerciendo los deberes del comisionado Troy A. Miller del CBP. “Nuestro trabajo colectivo a través de la Fuerza de Tarea Operativa Conjunta Alpha sigue siendo crítico a nuestros esfuerzos continuos para desbaratar las operaciones de tráfico de personas en todo el hemisferio y en el mundo”.

La organización de tráfico de personas presuntamente cargó a 65 migrantes en un camión con remolque que, se alega en los documentos del tribunal, no tenía un sistema funcional de aire acondicionado mientras conducía hacia el norte por una carretera interestatal de Texas. Al aumentar la temperatura, algunos de los migrantes dentro del remolque presuntamente se desmayaron, mientras que otros arañaban las paredes intentando escapar. Al momento que el camión con remolque llegó a San Antonio, alega la acusación formal, 48 de los migrantes ya habían fallecido. Otros cinco migrantes murieron después de ser transportados a hospitales locales. Seis niños y una mujer embarazada estaban entre los fallecidos.

La fiscalía de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Texas, ya imputó a otros siete acusados por su presunta participación en esta operación de tráfico de personas, lo cual incluye acusaciones formales presentadas en el  2022 y 2023. Cuatro de estos acusados se han declarado culpables.

La acusación formal contra Miranda-Orozco y la cooperación entre las autoridades de los EE. UU. y Guatemala fueron lideradas por la JTFA y la Fiscalía de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Texas. Dado el aumento en las prolíficas y peligrosas operaciones de tráfico de personas desde Centroamérica con efectos en los Estados Unidos, el objetivo de la JTFA es interrumpir y desmantelar las redes de tráfico de personas que operan en El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Colombia y Panamá, centrándose en redes que ponen en peligro, abusan y explotan a los migrantes, presentan riesgos a la seguridad nacional o participan en otros tipos de delincuencia organizada transnacional.

Desde su creación, la JTFA ha aumentado la coordinación y colaboración entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y otros organismos encargados del orden público, además de los socios de las fuerzas del orden extranjeras de El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Colombia y Panamá; se ha enfocado en aquellas organizaciones con mayor impacto en los Estados Unidos; y ha coordinado esfuerzos significativos para presentar acusaciones formales y lograr la extradiciones de traficantes de personas en las fiscalías de los EE. UU.  La JTFA está compuesta por agentes de las fiscalías de los EE. UU. de la frontera suroeste, incluidos el Distrito Sur de Texas, el Distrito Oeste de Texas, el Distrito de Arizona y el Distrito Sur de California. También prestan apoyo específico al programa numerosos componentes de la División Penal del Departamento de Justicia que forman parte de la JTFA, dirigidos por la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales (HRSP, por sus siglas en inglés), y con el apoyo de la Oficina para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación, la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas, la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la Oficina de Operaciones de Aplicación de la Ley, la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia y la Sección de Delitos Violentos y Delincuencia Organizada. La JTFA es posible por la gran inversión en las fuerzas del orden que realizan el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, la Administración para el Control de Drogas y otros socios,

HSI de San Antonio investigó el caso, con la valiosa ayuda de HSI de Guatemala y la Unidad de Tráfico de Personas de HSI en Washington, D.C. El Centro Nacional de Objetivos/Operación Centinela de CBP; la Patrulla Fronteriza de los EE. UU.; la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; el Departamento de Policía de San Antonio; el Departamento de Bomberos de San Antonio; el Departamento de Policía de Palestine, la OIA y la OPDAT proporcionaron una valiosa ayuda. El Departamento de Justicia agradece a las fuerzas del orden guatemaltecas que fueron instrumentales en el avance de esta investigación.

La abogada litigante de HRSP, Alexandra Skinnion, y los fiscales auxiliares de los EE. UU., José Luis Acosta, Eric Fuchs, Sarah Spears y Amanda Brown del Distrito Oeste de Texas están procesando el caso, con la ayuda de la historiadora y especialista en Latinoamérica de HRSP, Joanna Crandall.

Una acusación formal es solamente una alegación. A los acusados se les presume inocentes hasta que se demuestre que son culpables más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia