Pasar al contenido principal
Comunicado de prensa

Hermanos peruanos condenados a más de siete años de cárcel por estafar a miles de inmigrantes de habla hispana

Para Divulgacion Inmediata
Oficina de Asuntos Públicos

Dos ciudadanos peruanos responsables de operar una serie de centros de llamadas en Perú que estafaban y amenazaban a residentes de habla hispana en los Estados Unidos fueron sentenciados en el Tribunal de Distrito de EE.UU. del Distrito Sur de Florida a cumplir condena de cárcel. El 9 de febrero de 2022, el Juez de Distrito de EE.UU., Robert N. Scola Jr., condenó a Josmell Espinoza Huerta (Josmell Espinoza), de 32 años, a cumplir 88 meses en prisión. Hoy mismo, el Juez Scola ordenó que Carlos Alberto Espinoza Huerta (Carlos Espinoza), de 40 años, fuera encarcelado durante 102 meses. 

Josmell Espinoza y su hermano Carlos Espinoza se declararon culpables a finales de 2021 de conspirar para cometer fraude postal y fraude electrónico a través de varios centros de llamadas peruanos de los que eran propietarios y operadores. Según los documentos del Tribunal, Josmell Espinoza y Carlos Espinoza eran copropietarios y operaban el centro de llamadas JFC Peru en Perú. Además, Josmell Espinoza era propietario y operador de los centros de llamadas Camino Al Progreso y Latin Shop, y Carlos Espinoza era propietario y operador por separado de los centros de llamadas Latinos en Acción y Latin Force en Perú.

Desde abril de 2011 hasta julio de 2019, los hermanos Espinoza y sus cómplices en Perú llamaban a las víctimas, muchas de las cuales eran inmigrantes recientes de Centroamérica, México y otros países de habla hispana. Amenazaban a las víctimas fraudulentamente con consecuencias legales si no hacían pagos por productos supuestamente entregados y honorarios de liquidación para clases de inglés. Los demandados y sus cómplices usaban declaraciones falsas y amenazas para obtener dinero de las víctimas de todos los Estados Unidos. Les decían falsamente que estaban obligadas a aceptar y pagar cursos de inglés y otros productos educativos, y que no hacerlo las pondría en una situación legal riesgosa. Los demandados y sus cómplices entonces amenazaban falsamente con procurar que sus víctimas fueran arrestadas y deportadas para que les pagaran.

Al declararse culpables, ambos demandados admitieron que ellos y sus empleados afirmaron falsamente ser abogados, funcionarios del tribunal, agentes federales y representantes de un supuesto "tribunal de delitos menores", que no existe. Las personas que llamaban amenazaban falsamente a las víctimas con procedimientos judiciales, calificaciones negativas en sus informes de crédito, encarcelamiento y consecuencias migratorias si no pagaban inmediatamente los productos supuestamente entregados y los honorarios de liquidación. Carlos Espinoza causó a las víctimas una pérdida de más de 1.3 millones de dólares, y Josmell Espinoza causó a las víctimas una pérdida de más de 700 mil dólares.

"La sección de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia investigará y procesará a los delincuentes transnacionales que defrauden a los consumidores vulnerables de los Estados Unidos", declaró el fiscal general adjunto interino Brian M. Boynton, de la División Civil del Departamento de Justicia. "Estas dos sentencias demuestran que los demandados que usen amenazas para aprovecharse de nuestras comunidades de inmigrantes serán enjuiciados y rendirán cuentas en los tribunales de los Estados Unidos".

"Este caso demuestra que la justicia no tiene límites cuando se trata de alcanzar a los defraudadores que se aprovechan de las poblaciones más vulnerables de nuestra nación", dijo el Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, Juan Antonio Gonzalez. "Seguiremos trayendo ante la justicia estadounidense a los delincuentes transnacionales que usen tácticas de miedo e intimidación para robar el dinero de los inmigrantes, personas mayores y otras personas que viven en este país".   

"Durante muchos años, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y sus colaboradores en la aplicación de la ley han investigado y procesado a redes delictivas internacionales que tienen como objetivo a los consumidores estadounidenses para robarles el dinero que tanto les ha costado ganar", declaró el inspector encargado Joseph Cronin, de la División de Miami del Servicio de Inspección Postal de EE. UU. "Seguiremos investigando de forma diligente a estos delincuentes para asegurarnos de que sean procesados con todo el peso de la ley".

Al incluir la sentencia de Carlos Espinoza en Miami hoy, los siete acusados en este caso se han declarado culpables y han sido condenados a penas de cárcel. Cinco acusados fueron detenidos por las autoridades peruanas con base en una solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos y fueron extraditados al Distrito Sur de Florida en octubre de 2020. Cada uno de estos acusados fue condenado a cumplir una sentencia de prisión a principios de este año. Henrry Milla fue condenado a 110 meses en prisión, Jerson Renteria fue condenado a 100 meses en prisión y Evelyng Milla, Fernan Huerta y Omar Cuzcano fueron sentenciados cada uno a 90 meses en prisión. Carlos Espinoza y Josmell Espinoza evadieron el arresto cuando sus cómplices fueron arrestados.  Posteriormente fueron localizados en Perú y extraditados a los Estados Unidos el 25 de junio de 2021. 

El Servicio de Inspección Postal de EE.UU. y la sección de Protección al Consumidor de la División Civil investigaron el caso. El fiscal principal Phil Toomajian y el fiscal Max Goldman, de la sección de Protección al Consumidor, estuvieron a cargo del caso penal. La Comisión Federal de Comercio, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Fiscalía de EE.UU. del Distrito Sur de Florida, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Policía Nacional del Perú brindaron ayuda esencial. 

La información sobre la Iniciativa contra el Fraude a Personas Mayores del Departamento de Justicia está disponible en https://www.justice.gov/elderjustice-espanol. Hay más información sobre la sección de Protección al Consumidor y sus medidas para combatir el fraude contra las personas mayores en www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch. Si usted o alguien que conoce tiene 60 años o más y ha sido víctima de un fraude financiero, puede recibir ayuda si llama a la línea telefónica nacional contra el fraude a personas mayores: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311).


In English

Actualizado 15 de febrero de 2022

Tema
Consumer Protection
Número de comunicado de prensa: 22-122