Cuatro acusados extraditados de Guatemala condenados por participar en una asociación delictuosa internacional de tráfico de personas con resultado mortal

El Departamento de Justicia, junto con el Departamento de Seguridad Nacional y sus socios, anunciaron hoy importantes sentencias obtenidas a través del procesamiento por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA) de líderes, organizadores y miembros de un prolífico ardid de tráfico de personas que resultó en la muerte de un migrante guatemalteco en 2021.

Cuatro acusados han sido condenados hoy en el Distrito Oeste de Texas por su participación en el ardid de tráfico de personas. López Mateo Mateo, alias Bud Light, de 43 años, fue condenado a 30 años de prisión; Felipe Diego Alonzo, alias Siete, de 40 años, fue condenado a 19 años y siete meses de prisión; y Nesly Norberto Martínez Gómez, alias Canche, de 38 años, y Juan Gutiérrez Castro, alias Andrés, de 46 años, fueron condenados a 10 años y un mes de prisión.

“Los cuatro acusados sentenciados en este caso formaban parte de una mortífera operación de tráfico de personas que ponía en peligro a migrantes vulnerables con fines lucrativos y que le costó la vida a una mujer”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland. “Cuando dirigí la formación de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa en 2021, dije que el Departamento de Justicia combatiría las amenazas planteadas por las peligrosas redes de tráfico de personas allí donde se originaran y operaran. Desde entonces, el Departamento de Justicia ha realizado más de 260 aprehensiones nacionales e internacionales y ha logrado 150 condenas por cargos de tráfico de personas. El Departamento de Justicia seguirá desarticulando y desmantelando la amenaza que representan las operaciones de tráfico y trata de personas”.

“Los traficantes de personas harán cualquier cosa para obtener beneficios y el Departamento de Seguridad Nacional hará todo lo que esté en su poder para detenerlos”, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas. “La condena de estas cuatro personas es el resultado directo de un esfuerzo sin precedentes de todo el Gobierno para prevenir estos delitos y buscar justicia para las víctimas. En estrecha colaboración con el Departamento de Justicia y otros organismos a través de la JTFA, nuestros agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) seguirán investigando y desmantelando las organizaciones delictivas transnacionales que se aprovechan de personas vulnerables”.

“Tragedias como esta nos recuerdan crudamente los peligros que los traficantes de personas representan para los migrantes”, declaró la fiscal general auxiliar en funciones Nicole M. Argentieri, de la División Penal del Departamento de Justicia.  “La Fuerza de Tarea Conjunta Alfa, junto con nuestros socios internacionales encargados de la aplicación de la ley, seguirá persiguiendo y desarticulando peligrosas operaciones transnacionales que socavan nuestro sistema de inmigración legal y explotan a los migrantes con fines lucrativos”.

Según documentos del tribunal, los acusados admitieron haberse unido en una asociación delictuosa con otros traficantes para facilitar el traslado de un gran número de migrantes desde Guatemala a través de México y, en última instancia, a los Estados Unidos. Ellos les cobraron a los migrantes y a sus familias entre $10,000 y $12,000 dólares estadounidenses por el peligroso viaje. Uno de los viajes resultó en la muerte de una joven indígena guatemalteca, quien falleció en Texas en abril de 2021. La familia de la mujer pagó a los acusados unos $10,000 dólares estadounidenses para que la introdujeran ilegalmente en los Estados Unidos. Los acusados se encargaron de guiarla durante varios días a pie por el desierto desde México hasta Texas y luego la condujeron a una casa  clandestina en Odessa, Texas, donde finalmente murió. Los acusados y sus coconspiradores arrojaron su cuerpo a un lado de una carretera rural en las afueras de Odessa, Texas. Los acusados y sus coconspiradores también coordinaron para sobornar a la familia de la víctima en Guatemala.

“Estas sentencias reflejan hasta qué punto esta oficina y el Departamento de Justicia en general harán justicia a las víctimas de crímenes atroces y evitarán más daños”, dijo el fiscal de los EE. UU. Jaime Esparza para el Distrito Oeste de Texas. “Las redes de tráfico como estas operan, no con preocupación por las vidas de sus víctimas, sino más bien su codicia y el deseo de dinero contante y sonante. En coordinación con nuestros socios, tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo, seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para desmantelar estas redes y hacer que los traficantes rindan cuentas”.

“HSI continuará aplicando su amplia autoridad investigadora y su presencia internacional para garantizar que los miembros de estas redes delictivas transnacionales rindan cuentas por aprovecharse y abusar de una población vulnerable”, declaró el agente especial a cargo Francisco B. Burrola, de HSI El Paso. “Nuestro mensaje es claro: si diriges una de estas organizaciones ilícitas que trasladan cargamentos de personas, te encontraremos, no importa lo cerca o lejos que estés”.

Cada uno de los acusados se declaró culpable de un cargo de asociación delictuosa para introducir a un extranjero en los Estados Unidos con resultado mortal. Como se anunció el año pasado, la amplia coordinación entre las autoridades del orden público estadounidenses y guatemaltecas condujo a la acusación formal y aprehensión de estos cuatro acusados, así como a la aprehensión de 15 coconspiradores más en Guatemala. En virtud de una solicitud de extradición, las autoridades guatemaltecas extraditaron en marzo a Mateo Mateo, Diego Alonzo, Martínez Gómez y Gutiérrez Castro a los Estados Unidos, la primera extradición de guatemaltecos por tráfico de personas a los Estados Unidos en casi cinco años y la primera extradición de Guatemala a los Estados Unidos por cargos de tráfico de personas con resultado mortal.

HSI Midland dirigió la investigación, trabajando en colaboración con HSI Guatemala y la Unidad de Tráfico de Personas de HSI en Washington, D.C. HSI recibió una asistencia sustancial de Operaciones de Aplicación de la Ley y Expulsiones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE); Unidad de Programas de Libertad Supervisada y Aplicación de la Ley de ICE; Centro Nacional de Objetivos/Operación Centinela del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los EE. UU.; la Patrulla Fronteriza de EE. UU.; el Servicio de Alguaciles de EE. UU.; los Departamentos de Policía de Odessa y Midland; el Departamento de Seguridad Pública de Texas; y las oficinas de los alguaciles de los condados de Ector, Midland y Crane.

La Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia proporcionó una importante asistencia para garantizar la aprehensión y extradición de los cuatro acusados. La Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscales (OPDAT) de la División Penal proporcionó tutoría basada en casos para apoyar la investigación. El Departamento de Justicia agradece a las autoridades del orden público de Guatemala, quienes fueron fundamentales para proseguir con la investigación.

El codirector de la JTFA, James Hepburn, de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales (HRSP) de la División Penal, y los fiscales auxiliares de los EE. UU. José Luis Acosta y John Fedock, del Distrito Oeste de Texas, procesaron el caso, con la importante asistencia del fiscal auxiliar de los EE. UU. Adrián Gallegos, del Distrito Oeste de Texas, y de la historiadora y especialista en América Latina de la HRSP Joanna Crandall.

Este procesamiento y la colaboración con las autoridades del orden público de Guatemala se coordinaron bajo la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA). El fiscal general Garland creó la JTFA en junio de 2021 en colaboración con el DHS para reforzar los esfuerzos del Departamento de Justicia en la lucha contra el aumento del prolífico y peligroso tráfico procedente de Centroamérica y que afecta a nuestras comunidades fronterizas. La JTFA está compuesta por agentes de las Fiscalías de los EE. UU. a lo largo de la frontera suroeste, incluidos el Distrito Sur de Texas, el Distrito Oeste de Texas, el Distrito de Nuevo México, el Distrito de Arizona y el Distrito Sur de California. También proporcionan apoyo específico numerosos componentes de la División Penal que forman parte de la JTFA, dirigidos por la HRSP, y apoyados por ODPAT, la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas, la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la Oficina de Operaciones de Aplicación de la Ley, la OIA y la Sección de Delitos Violentos y Delincuencia Organizada. La JTFA también cuenta con una importante colaboración para la aplicación de la ley por parte del DHS, el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y otros socios.  Hasta la fecha, el trabajo de la JTFA ha dado como resultado más de 260 aprehensiones nacionales e internacionales de dirigentes, organizadores y facilitadores importantes del tráfico de personas; más de 150 condenas; importantes penas de cárcel impuestas; y decomisos de bienes sustanciales.