El duodécimo acusado se declara culpable de una conspiración transnacional para defraudar a consumidores hispanoparlantes de los Estados Unidos

Un ciudadano peruano se declaró culpable hoy por su participación en una conspiración de fraude transnacional por correo postal y electrónico. 

De acuerdo con lo que establecen los documentos judiciales, José Alejandro Zuñiga Cano, 40 años, de Lima, Perú, era operador de un centro de atención telefónica peruano que defraudó y extorsionó a residentes hispanoparlantes de los Estados Unidos mediante amenazas falsas de arresto, procesos judiciales y consecuencias migratorias. Zuñiga fue extraditado de Perú en marzo para enfrentar las acusaciones relacionadas con la organización.

Zuñiga es el duodécimo acusado con relación a una organización de fraude transnacional por 15 millones de dólares que defraudó y amenazó a consumidores hispanoparlantes de los Estados Unidos diciéndoles que sufrirían consecuencias legales si no pagaban por productos para aprender inglés que nunca habían solicitado. La organización fue responsable de defraudar a más de 30.000 residentes hispanoparlantes de los Estados Unidos. Muchas de las víctimas eran inmigrantes recién llegados que habían expresado su interés en aprender inglés.

Entre los 12 acusados se encuentran ocho operadores y propietarios peruanos del centro de atención telefónica y cuatro operadores y propietarios del centro de distribución que procesaban los pagos, distribuían los productos y propiciaban el fraude en los Estados Unidos. Muchos de los acusados compartían estrategias sobre cómo defraudar a los residentes hispanoparlantes de los Estados Unidos. 

«La División de Protección del Consumidor del Departamento de Justicia se ocupa de proteger a los consumidores estadounidenses vulnerables frente a los estafadores, incluidos los que residen más allá de nuestras fronteras», manifestó el viceministro de justicia, Brian M. Boynton, jefe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. «Las personas que estafan a nuestras comunidades de inmigrantes serán llevadas a la justicia y condenadas en los tribunales de los Estados Unidos».

«El amplio alcance del sistema judicial estadounidense no tiene límites cuando se trata de atrapar estafadores que se aprovechan de las poblaciones más vulnerables de nuestro país, como las personas mayores y los nuevos inmigrantes», expresó el fiscal federal de los Estados Unidos, Markenzy Lapointe para el distrito sur de Florida. «No permitiremos que los criminales transnacionales utilicen tácticas de miedo e intimidación para robar dinero del público para quien trabajamos. Las personas que defraudan a los consumidores estadounidenses serán juzgadas en cualquier lugar donde se encuentren».

«Esta investigación demuestra que se hará justicia de manera implacable para proteger a los consumidores estadounidenses», afirmó el inspector a cargo, Juan A. Vargas, de la división Miami del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos. «El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, la División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y la fiscalía general de los Estados Unidos han trabajado incansablemente para defender la integridad de nuestro sistema judicial y del sistema de correo postal. La condena número doce que tuvo lugar en el día de hoy envía un claro mensaje a quienes explotan el correo postal con fines criminales: Sepan que serán juzgados».

De acuerdo con lo que establecen los documentos judiciales, Zuñiga era propietario y operador de un centro de atención telefónica en Lima, Perú, que hacía llamadas no solicitadas a consumidores hispanoparlantes en los Estados Unidos y sostenía falsamente que habían ganado o que reunían los requisitos para recibir productos gratuitos, como tabletas electrónicas y cursos de idioma inglés. En sucesivas llamadas, Zuñiga y sus cómplices sostenían falsamente que las víctimas estaban obligadas por contrato a pagar importantes sumas de dinero para recibir los productos. Zuñiga y sus cómplices fingían ser abogados, funcionarios judiciales, agentes de policía y representantes de un supuesto «juzgado de delitos menores» para intimidar a las víctimas y obligarlas a enviar los pagos. Zuñiga y sus cómplices amenazaban a las víctimas con acciones legales en su contra, detenciones y consecuencias migratorias si no pagaban.

Las víctimas que realizaban los pagos eran luego revictimizadas por Zuñiga y sus cómplices con un esquema de supuesta restitución de esos pagos. De acuerdo con lo establecido en los documentos judiciales, el acusado y sus cómplices llamaban nuevamente a las víctimas que ya habían pagado, fingían ser abogados de un tribunal de los Estados Unidos y explicaban falsamente a las víctimas que tenían derecho a la restitución de los pagos realizados y que para recibir el dinero primero debían pagar los honorarios al abogado que supuestamente había llevado el caso en su nombre. En realidad, no existía ningún abogado, ni orden de restitución, ni devolución de fondos a las víctimas que realizaron esos pagos adicionales. Por el contrario, Zuñiga se quedaba con esos pagos adicionales de las víctimas.

Hoy, Zuñiga se declaró culpable de conspiración para cometer fraude por correo postal y electrónico. La jueza de distrito de los Estados Unidos, Kathleen M. Williams, dictará sentencia contra Zuñiga el 10 de octubre. Zuñiga enfrenta una condena máxima de 20 años de prisión.

Zuñiga es el octavo acusado en ser extraditado de Perú y en declararse culpable ante un tribunal federal de conspiración para cometer fraude por correo postal y electrónico relacionado con centros de atención telefónica peruanos. En 2021 y en 2022, el juez de distrito de los Estados Unidos, Robert N. Scola (hijo), condenó a Henrry Milla, Carlos Espinoza, Jerson Rentería, Fernán Huerta, Omar Cuzcano, Evelyng Milla y Josmell Espinoza a penas de entre 88 y 110 meses de prisión. Además, también fueron condenados otros cuatro cómplices de conspiración que propiciaron las operaciones de estos centros de atención telefónica. Recientemente, en marzo de 2023, la jueza de distrito de los Estados Unidos, Patricia A. Seitz, condenó a 65 meses de prisión a Luis Rendón, operador de un centro de distribución de los Estados Unidos que propició una parte significativa de la organización fraudulenta.  

La investigación del caso estuvo a cargo del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) y la División de Protección al Consumidor.

Los fiscales a cargo del caso son Phil Toomajian, abogado litigante sénior y coordinador de litigios penales transnacionales, y Carolyn Rice, abogada litigante de la División de Protección de los Consumidores. La fiscal federal adjunta es Annika Miranda, quien se ocupa de la confiscación de los bienes. Prestaron valiosa colaboración la Comisión Federal de Comercio, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la Fiscalía Nacional del Perú y la Policía Nacional del Perú.

El Departamento de Justicia continúa investigando y presentando acusaciones en otros asuntos similares que incluyen amenazas contra residentes hispanoparlantes de los Estados Unidos.

Si usted o alguien a quien conoce es mayor de 60 y ha sido víctima de fraude financiero, debe saber que cuenta con la ayuda de especialistas profesionales en la línea nacional directa contra el fraude a personas mayores: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). Esta línea directa del Departamento de Justicia, administrada por la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos, puede brindar ayuda personalizada a quienes llaman mediante la evaluación de las necesidades de la víctima y la identificación de los próximos pasos a seguir. Los administradores de casos identifican los organismos de denuncia apropiados, brindan información a quienes llaman para ayudarlos a denunciar, los comunican directamente con las agencias competentes y les ofrecen recursos y derivaciones en función de cada caso. La denuncia es el primer paso. Denunciar puede ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometen fraude y la denuncia inmediata de pérdidas financieras por fraude puede aumentar la probabilidad de recuperar lo perdido. La línea directa está disponible de lunes a viernes de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. hora del este de los Estados Unidos. La línea está disponible en inglés, español y otros idiomas.

Para más información sobre las medidas adoptadas por el departamento para ayudar a las personas mayores de los Estados Unidos, consulte la página web de la Iniciativa de Justicia para Adultos Mayores. Para más información sobre la Subdivisión de Protección de los Consumidores y sus medidas para hacer cumplir la ley, visite www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch. Las demandas de fraude a personas mayores pueden presentarse ante la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) en https://reportfraud.ftc.gov/ o telefónicamente llamando al 877-FTC-HELP. El Departamento de Justicia ofrece varios recursos relacionados con la victimización por fraude de personas mayores mediante su Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos, a la que puede acceder en www.ovc.gov.

Puede encontrar más información acerca de la División de Protección al Consumidor y sus medidas de lucha contra el fraude en www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch.