El Departamento de Justicia Resuelve Acusaciones de Discriminación por Motivos de Estatus de Ciudadanía contra una Empresa de Guardas de Segurdiad en Carolina del Sur en Relación con un Exintérprete para el Ejército de los EE. UU. en Irak

WASHINGTON, D.C. – El Departamento de Justicia anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con Security Management of South Carolina, LLC (Security Management), una empresa privada de seguridad que presta servicios de seguridad armados y no armados en Carolina del Sur y Georgia. El acuerdo resuelve acusaciones de que Security Management discriminó a un trabajador en Carolina del Sur al retirar su oferta de trabajo condicional porque el trabajador era ciudadano estadounidense naturalizado. Más aún, el acuerdo resuelve acusaciones de que Security Management discriminó a trabajadores no ciudadanos de los EE. UU. que contaban con autorización para trabajar en el estado de Georgia al limitar, de forma rutinaria, a los puestos para agentes de seguridad a ciudadanos estadounidenses, sin tener fundamento jurídico para lo mismo, y al publicar anuncios de trabajo que disuadían a personas no ciudadanas de solicitar un puesto.

«A la hora de tomar decisiones en cuanto a la contratación, las compañías no pueden basarse en el medio por el cual un trabajador llegó a ser ciudadano de los EE. UU., ni tampoco pueden publicar anuncios de trabajo con restricciones ilícitas de ciudadanía que disuadan a postulantes con autorización para trabajar», afirmó Eric Dreiband, el Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles. «La División de Derechos Civiles se ha comprometido a garantizar que las personas con autorización para trabajar amparadas bajo la ley de Inmigración y Nacionalidad tengan una oportunidad de solicitar un puesto y ser consideradas para oportunidades laborales con base en sus méritos».

La investigación del Departamento comenzó después de que un ciudadano estadounidense naturalizado (es decir, un individuo que nació en otro país y luego se convirtió en ciudadano de los EE. UU.) presentó una denuncia de discriminación contra Security Management. Antes de inmigrar a los EE. UU., el trabajador había servido como intérprete para las fuerzas militares estadounidenses en Irak. Con base en su investigación, el Departamento concluyó que después de solicitar un puesto exitosamente con Security Management en Carolina del Sur, la compañía retiró, de manera ilegal, la oferta de trabajo del trabajador porque no es ciudadano nativo de los EE. UU. sino ciudadano naturalizado. Por otra parte, el Departamento concluyó que, desde al menos abril del 2018 hasta diciembre del 2019, Security Management publicó anuncios de trabajo que restringían puestos para agentes de seguridad en Georgia a ciudadanos de los EE. UU., lo que excluyó a trabajadores no ciudadanos de los EE. UU. que cuentan con autorización para trabajar, como residentes permanentes legales, asilados y refugiados. El Departamento determinó que Security Management carecía de fundamento legal para restringir su contratación en Georgia a ciudadanos de los EE. UU.

La ley de Inmigración y Nacionalidad («INA», por sus siglas en inglés) protege a ciudadanos de los EE. UU., nacionales de los EE. UU., refugiados, asilados y residentes permanentes legales recientes de discriminación por motivos de su estatus de ciudadanía en los procesos de contratación, despido y reclutamiento o recomendación por comisión. Aquellos trabajadores que quedan fuera de estas categorías no gozan, en virtud de la INA, de protección contra discriminación por motivos de su estatus de ciudadanía. Un ejemplo de discriminación por motivos de estatus de ciudadanía sería cuando un empleador restringe puestos de trabajo a ciudadanos y nacionales de los EE. UU., dejando fuera a otros individuos protegidos, entre ellos asilados, refugiados y residentes permanentes legales recientes, sin disponer de la base jurídica necesaria para tal restricción.

Conforme los términos del acuerdo conciliatorio, Security Management pagará una sanción civil de 60.000 $, establecerá un fondo de pagos retroactivos de 75.000 $ para trabajadores afectados y pagará 7.907.81 $ por concepto de pagos retroactivos al trabajador cuya denuncia de discriminación dio lugar a la investigación. Asimismo, Security Management quitará las restricciones ilícitas de estatus de ciudadanía de sus anuncios de trabajo, revisará sus políticas y procedimientos, capacitará a los empleados relevantes acerca de los requisitos de la disposición de la INA sobre el estatus de ciudadanía y se someterá a la supervisión por parte del Departamento durante dos años.

La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados («IER», por sus siglas en inglés) de la División de Derechos Civiles es responsable de hacer cumplir la disposición antidiscriminatoria de la INA. La ley prohíbe la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía y nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión; prácticas documentales injustas; y represalias o la intimidación.

Hay información adicional disponible aquí sobre cómo evitar la discriminación en el reclutamiento y la contratación de trabajadores. Para más información sobre protecciones contra la discriminación en el empleo, en virtud de las leyes migratorias, llame a la línea directa de la IER para trabajadores al 1-800-255-7688 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); llame a la línea directa de la IER para empleadores al 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); envíe un correo electrónico a IER@usdoj.gov; inscríbase a un seminario en línea gratuito; o visite las páginas web de la IER en inglés y español. Para recibir las últimas noticias de la IER, inscríbase a GovDelivery.

Aquellos aspirantes o empleados que creen haber sido discriminados por motivos de su estatus migratorio o de ciudadanía, o bien por su nacionalidad de origen, en los procesos de contratación, despido, reclutamiento o verificación de la elegibilidad para trabajar (Formulario I-9 e E-Verify) o sometidos a represalias pueden presentar una denuncia.

Miembros del público también pueden informarnos de posibles vulneraciones de derechos civiles mediante el portal de declaraciones de la División de Derechos Civiles.