El Departamento de Justicia Llega a un Acuerdo con una Junta Escolar que Resuelve Acusaciones de Discriminación Relacionada con la Inmigración

El Departamento de Justicia anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con la Junta Escolar del Condado de Palm Beach, Florida (el Distrito). El acuerdo resuelve acusaciones de que el Distrito había discriminado a empleados no ciudadanos de los EE. UU. que tenían autorización para trabajar en los EE. UU. al pedir que presentasen documentos específicos e innecesarios para demostrar su derecho legal a trabajar, debido a su estatus migratorio, en contra de la ley de Inmigración y Nacionalidad («INA», por sus siglas en inglés).

«Los empleadores no deben discriminar a personas no ciudadanas de los EE. UU. que cuentan con autorización para trabajar a causa de sus supuestos erróneos acerca del estatus migratorio de tales personas», afirmó Eric Dreiband, el Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles. «Felicitamos a la Junta Escolar del Condado de Palm Beach por su colaboración con el Departamento de Justicia para garantizar la buena implementación de su política antidiscriminatoria».

Con base en su investigación, el Departamento concluyó que la Junta Escolar había solicitado documentos esepcíficos e innecesarios a no ciudadanos de los EE. UU., como, por ejemplo, pedir a trabajadores con autorización para trabajar que presentasen documentos específicos, en contra de la INA. Esto incluye pedir que ciertos individuos presentasen sus Tarjetas de Residencia Permanente (a veces conocidas como «tarjetas verdes» o «micas») o Documentos de Autorización para Trabajar, aunque esos trabajadores ya habían presentado otros documentos que demostraron su autorización para trabajar, tales como carnéts de identidad y tarjetas de seguro social sin restricciones.

La disposición antidiscriminatoria de la INA prohíbe que los empleadores pidan documentos adicionales o diferentes a los que sean necesarios para demostrar la autorización para trabajar con base en el estatus migratorio o de ciudadanía del empleado o bien por su nacionalidad de origen.  A su vez, en la INA, el Congreso determinó que todo individuo con autorización para trabajar, independientemente de su estatus de ciudadanía, puede elegir los documentos válidos y legalmente aceptables que desea presentar para demostrar su elegibilidad para trabajar en los Estados Unidos.  No obstante, la INA sí permite que los empleadores rechacen documentos que no parecen ser genuinos. 

Conforme los términos del acuerdo, el Distrito pagará una sanción civil a los Estados Unidos que asciende a 90.000 $, pagará hasta 100.000 $ por concepto de pagos retroactivos a las personas que perdieron trabajo a causa de las solicitudes ilícitas de documentos y capacitará a los empleados del Distrito en cuanto a sus deberes legales.            

La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados («IER», por sus siglas en inglés) de la División de Derechos Civiles es responsable de hacer cumplir la disposición antidiscriminatoria de la INA. La ley prohíbe la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía y nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión; prácticas documentales injustas; y represalias o la intimidación. 

Aquellos aspirantes o empleados que creen haber sido discriminados por motivos de su estatus migratorio o de ciudadanía, o bien por su nacionalidad de origen, en los procesos de contratación, despido, reclutamiento o verificación de la elegibilidad para trabajar (p. ej. el Formulario I-9 e E-Verify) o sometidos a represalias pueden presentar una denuncia. El público también puede llamar a la línea directa de la IER para trabajadores al 1-800-255-7688; llamar a la línea directa de la IER para empleadores al 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); enviar un correo electrónico a IER@usdoj.gov; inscribirse a un seminario en línea gratuito; o visitar la página web de la IER en inglés o español. Para recibir las últimas noticias de la IER, inscríbase a GovDelivery.

La División de Derechos Civiles quiere enterarse de más vulneraciones de derechos civiles.  Miembros del público pueden informarnos de posibles vulneraciones de derechos civiles mediante el portal de declaraciones de la División de Derechos Civiles.

Aquellos aspirantes o empleados que creen haber sido sometidos a: discriminación por motivos de su ciudadanía, estatus migratorio o nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión; discriminación en el proceso de la verificación de la elegibilidad para trabajar (Formulario I-9 e E-Verify) con base en su ciudadanía, estatus migratorio o nacionalidad de origen; o represalias pueden  presentar una denuncia o llamar a la línea directa de la IER para trabajadores para pedir ayuda.

La Iniciativa para la Protección de Trabajadores en Este País, de la División de Derechos Civiles, se lanzó en el 2017 en la IER y señala,investiga y (donde proceda) aplica medidas de cumplimiento a empleadores que intencionalmente discriminen a trabajadores en este país por motivos de su estatus de ciudadanía para dar preferencia a trabajadores temporales de visa. La IER ha llegado a numerosos acuerdos bajo la Iniciativa para la Protección de Trabajadores en Este País y empleadores han distribuido o acordado distribuir un total combinado de más de 1,2 millónes de dólares por concepto de pagos retroactivos a trabajadores afectadso en este país y sanciones civiles a los Estados Unidos. Estos acuerdos implican empleadores que fueron discriminatorios en su uso de los programas de visa de H-1B, H-2A y H-2B.