El Departamento de Justicia Llega a un Acuerdo con una Compañía de Alquiler de Vehículos que Resuelve un Caso de Discriminación Relacionada con la Inmigración

El Departamento de Justicia anunció hoy que ha firmado un acuerdo conciliatorio con Fleetlogix, Inc. (Fleetlogix), lo que resuelve las acusaciones de que la compañía había disciminado a individuos no ciudadanos de los EE. UU que contaban con autorización para trabajar al requerir que proporcionaran documentos específicos e innecesarios de autorización para trabajar debido a su estauts migratorio o de ciudadanía. Fleetlogix, con sede en San Diego, California, opera oficinas por todo el país que prestan servicios de limpieza y transporte a companías de alquiler de vehiculos.  

«La ley de Inmigración y Nacionalidad requiere que los empleadores verifiquen que sus trabajadores disponen de autorización para trabajar en los Estados Unidos y prohíbe que los empleadores pidan documentos adicionales o diferentes a los que sean necesarios, que pidan documentos específicos o que rechacen documentos que parecen ser genuinos por motivos de la ciudadanía, estatus migratorio o nacionalidad de origen del trabajador», declaró Eric Dreiband, el Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles. «Nos anima ver que Fleetlogix trabajará con el Departamento de Justicia para garantizar que cualquier individuo que cuente con autorización para trabajar que, de una forma injusta, se haya perdido una oportunidad laboral como resultado de las prácticas en cuestión recibirá los pagos retroactivos apropiados».

La investigación subyacente del Departamento que llevó al acuerdo reveló que Fleetlogix requirió documentos específicos a individuos no ciudadanos de los EE. UU. que contaban con autorización para trabajar –lo cual vulnera la ley de Inmigración y Nacionalidad («INA», por sus siglas en inglés)– tales como Formularios I-94 (un registro de «llegadas y salidas» que el Departamento de Seguridad Nacional emite a ciertas personas no ciudadanas de los EE. UU. que puede ser utilizado, en ciertas circunstancias, para el Formulario I-9), Documentos de Autorización para Trabajar (a veces conocidos como «permisos de trabajo») o Tarjetas de Residencia Permanente (a veces conocidas como «tarjetas verdes») aunque estos individuos ya habían presentado otros documentos válidos para demostrar que tienen permiso para trabajar, como licencias de manejar y tarjetas de seguro social sin restricciones. 

La disposición antidiscriminatoria de la INA prohíbe que los empleadores pidan documentos adicionales o diferentes a los que sean necesarios para demostrar la autorización para trabajar con base en el estatus migratorio o de ciudadanía del empleado o bien por su nacionalidad de origen.  A su vez, en la INA, el Congreso determinó que todo individuo con autorización para trabajar, independientemente de su estatus de ciudadanía, puede elegir los documentos válidos y legalmente aceptables que desea presentar para demostrar su elegibilidad para trabajar en los Estados Unidos.  No obstante, la INA sí permite que los empleadores rechacen documentos que no parecen ser genuinos. 

Como parte del acuerdo, Fleetlogix pagará sanciones civiles a los Estados Unidos que ascienden a 627.000 $, creará un fondo de pagos retroactivos para compensar a aquellos individuos que perdieron trabajo a causa de la discriminación, capacitará a los empleados relevantes acerca de los requisitos de la disposición antidiscriminatoria de la INA y cambiará sus políticas y procedimientos.

La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados («IER», por sus siglas en inglés) de la División de Derechos Civiles es responsable de hacer cumplir la disposición antidiscriminatoria de la INA. La ley prohíbe la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía y nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión; prácticas documentales injustas; y represalias o la intimidación.    

Aquellos aspirantes o empleados que creen haber sido discriminados por motivos de su estatus migratorio o de ciudadanía, o bien por su nacionalidad de origen, en los procesos de contratación, despido, reclutamiento o verificación de la elegibilidad para trabajar (p. ej. el Formulario I-9 e E-Verify) o sometidos a represalias pueden presentar una denuncia. El público también puede llamar a la línea directa de la IER para trabajadores al 1-800-255-7688; llamar a la línea directa de la IER para empleadores al 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); enviar un correo electrónico a IER@usdoj.gov; inscribirse a un seminario en línea gratuito; o visitar la página web de la IER en inglés o español. Para recibir las últimas noticias de la IER, inscríbase a GovDelivery .

La División de Derechos Civiles quiere enterarse de más vulneraciones de derechos civiles.  Miembros del público pueden informarnos de posibles vulneraciones de derechos civiles mediante el portal de declaraciones de la División de Derechos Civiles.

Aquellos aspirantes o empleados que creen haber sido sometidos a: discriminación por motivos de su ciudadanía, estatus migratorio o nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión; discriminación en el proceso de la verificación de la elegibilidad para trabajar (Formulario I-9 e E-Verify) con base en su ciudadanía, estatus migratorio o nacionalidad de origen; o represalias pueden presentar una denuncia o llamar a la línea directa de la IER para trabajadores para pedir ayuda.

La Iniciativa para la Protección de Trabajadores en Este País, de la División de Derechos Civiles, se lanzó en el 2017 en la Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados y señala, investiga y (donde proceda) aplica medidas de cumplimiento a empleadores que intencionalmente discriminen a trabajadores en este país por motivos de su estatus de ciudadanía para dar preferencia a trabajadores temporales de visa. La IER ha llegado a numerosos acuerdos bajo la Iniciativa para la Protección de Trabajadores en Este País y empleadores han distribuido o acordado distribuir un total combinado de más de 1,2 millónes de dólares por concepto de pagos retroactivos a trabajadores afectadso en este país y sanciones civiles a los Estados Unidos. Estos acuerdos implican empleadores que fueron discriminatorios en su uso de los programas de visa de H-1B, H-2A y H-2B.