El Departamento de Justicia llega a un acuerdo con Microsoft que resuelve unas denuncias de discriminación relacionada con la inmigración

El Departamento de Justicia anunció hoy que ha llegado a un acuerdo conciliatorio con Microsoft Corporation que resuelve alegatos de que la compañía había discriminado a no ciudadanos de los EE. UU. por motivos de su estatus de ciudadanía en las fases iniciales del proceso de contratación de Microsoft al pedirles documentos migratorios específicos e innecesarios para demostrar que podían trabajar para la compañía sin que la compañía tuviera que patrocinar una visa laboral. Asimismo, el acuerdo resuelve acusaciones de que la compañía había discriminado a residentes permanentes legales al pedirles documentos adicionales o diferentes a los que por ley deben pedir para fines relacionados con la reverificación de su permiso continuo para trabajar en los Estados Unidos.  

La investigación independiente del Departamento comenzó después de que la mujer de un postulante de Microsoft llamó a la línea directa de la IER para informarle que la compañía le había pedido a su marido su Tarjeta de Residente Permanente al solicitar un puesto en las oficinas de Microsoft en Redmond, Washington. La investigación halló pruebas de que la compañía había pedido, en repetidas ocasiones, que residentes permanentes legales, refugiados y asilados se sometieran a una evaluación de su necesidad de patrocinio de una visa laboral por parte de Microsoft, a pesar de que ellos no requieren ningún tipo de patrocinio para poder trabajar en los Estados Unidos. La investigación determinó que la compañía discriminó al menos a seis residentes permanentes legales por motivos de su estatus migratorio durante este proceso de evaluación de visas cuando les pidió que presentasen su Tarjeta de Residente Permanente para demostrar que tenían permiso para trabajar sin la necesidad ser patrocinados por el empleador. Más aún, la investigación determinó que, desde al menos  junio del 2019 hasta al menos enero del 2020, Microsoft envió, de forma habitual, correos electrónicos a residentes permanentes legales para pedirles documentos para confirmar que disponían de una autorización continua para trabajar, a pesar de que ya habían presentado documentos que demostraban una autorización permanente para trabajar.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) requiere que los empleadores verifiquen el permiso del trabajador para trabajar en los Estados Unidos. Por otra parte, la ley también prohíbe que los empleadores pidan documentos cuando no tienen el requisito de pedirlos o que restrinjan o especifiquen los tipos de documentación válida que se le permite al trabajador presentar para demostrar que cuenta con permiso para trabajar, por motivos de la ciudadanía, el estatus migratorio o la nacionalidad de origen de tal trabajador. Conforme el acuerdo, Microsoft revisará partes de su proceso de contratación para garantizar que la compañía no esté requiriendo, de modo ilegal, a solicitantes de trabajo que no son ciudadanos de los EE. UU. que presenten documentos migratorios específicos para demostrar que no necesitan ser patrocinados para una visa laboral. El acuerdo también requiere que la compañía pare de enviar correos electrónicos para pedir documentos con el fin de reverificar la autorización para trabajar de trabajadores cuya autorización para trabajar no debe ser reverificada. Además, el acuerdo requiere que la compañía permita a trabajadores que necesiten demostrar una autorización continua para trabajar que presenten el documento aceptable que quieran para tal fin. Microsoft también deberá pagar una sanción civil a los Estados Unidos y capacitar a sus empleados responsables de la verificación y reverificación del permiso de los trabajadores para trabajar en los Estados Unidos. Más aún, el acuerdo requiere que Microsoft se someta a los requisitos de declaración y supervisión del Departamento. 

«Mediante investigaciones y conciliaciones como esta, el Departamento de Justicia seguirá garantizando que todo no ciudadano de los EE. UU. que disponga de autorización para trabajar pueda perseguir oportunidades laborales sin enfrentarse a discriminación ilícita», afirmó Kristen Clarke, la Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles. «El Departamento también espera que este acuerdo inspire a otros empleadores a asegurar que sus propias políticas y prácticas no sean discriminatorias».

La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados de la División de Derechos Civiles es responsable de hacer cumplir la disposición antidiscriminatoria de la INA. La ley prohíbe la discriminación por motivos de estatus migratorio o nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión; prácticas documentales injustas; y represalias e intimidación.   

Hay más información aquí sobre cómo los empleadores pueden evitar las prácticas documentales injustas. Aquellos aspirantes o empleados que creen haber sido discriminados por motivos de su estatus migratorio, ciudadanía o nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido, reclutamiento o verificación de la elegibilidad para trabajar (Formulario I-9 e E-Verify) o sujetos a represalias pueden presentar una denuncia. El público también puede llamar a la línea directa de la IER para trabajadores al 1-800-255-7688 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); llamar a la línea directa de la IER para empleadores al 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); enviar un correo electrónico a IER@usdoj.gov; inscribirse a un seminario en línea gratuito; o visitar los sitios web de la IER en inglés o español. Para recibir las últimas noticias de la IER, inscríbase a GovDelivery. Para visualizar la versión en inglés de este comunicado de prensa, haga clic aquí.

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