El Departamento de Justicia celebra acuerdos con 16 empleadores por publicar anuncios de trabajo en plataformas de reclutamiento de estudiantes de universidad que discriminaron a no ciudadanos de los EE. UU.

El Departamento de Justicia anunció hoy que ha firmado acuerdos conciliatorios que requieren que 16 empleadores privados paguen un total de $832,944 por concepto de sanciones civiles para resolver acusaciones de que cada compañía había discriminado a no ciudadanos en el proceso de contratación. Según el Departamento, cada compañía publicó al menos un anuncio de trabajo que excluía a no ciudadanos de los EE. UU. en una plataforma virtual de reclutamiento laboral operada por el Georgia Institute of Technology (Georgia Tech). Un empleador publicó hasta 74 anuncios discriminatorios en la plataforma de Georgia Tech, mientras que algunos empleadores publicaron anuncios discriminatorios en las plataformas de otras universidades también. El Departamento determinó que los anuncios desalentaban a estudiantes cualificados de solicitar un trabajo debido a su estatus de ciudadanía, y en muchos casos las restricciones relacionadas con el estatus de ciudadanía también impedían que los estudiantes solicitaran un puesto e incluso obstaculizaron la posibilidad de reunirse con reclutadores de la empresa.

«La discriminación ilícita en la contratación con base en el estatus migratorio o de ciudadanía es un problema generalizado en los Estados Unidos, lo que pone a muchos trabajos fuera del alcance de estudiantes universitarios y recién graduados», declaró Kristen Clarke, la Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles. «La División de Derechos Civiles está comprometido a hacer cumplir la ley para garantizar que estudiantes y solicitantes de trabajo, incluyendo a residentes permanentes legales, nacionales de los EE. UU., asilados y refugiados, queden protegidos de la discriminación ilícita. Nosotros haremos a estos empleadores rendir cuentas de su uso discriminatorio de plataformas universitarias de reclutamiento y trabajaremos para conseguir una compensación para las víctimas».

La participación del Departamento en estos asuntos comenzó después de que un residente permanente legal presentó una demanda ante la Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados de la División de Derechos Civiles, en la cual alegó que una compañía había publicado un puesto solamente para ciudadanos de los EE. UU. en una plataforma de reclutamiento laboral de Georgia Tech. La investigación del Departamento halló toda una serie de anuncios que eran visiblemente discriminatorios en la plataforma de reclutamiento laboral de Georgia Tech, así como en otras plataformas operadas por universidades por todo Estados Unidos. El Departamento procedió a iniciar investigaciones de los empleadores con los cuales está llegando a acuerdos y todavía está investigando a algunos empleadores adicionales.

Conforme la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), los empleadores y reclutadores solo pueden restringir puestos con base en la ciudadanía o el estatus migratorio si así se lo requiere una ley, un reglamento, una orden ejecutiva o un contrato gubernamental. Los ciudadanos estadounidenses, nacionales de los EE. UU., refugiados, asilados y residentes permanentes legales están protegidos bajo la INA de discriminación por motivos de su ciudadanía en los procesos de contratación, despido y reclutamiento o recomendación por comisión. Independientemente de si las universidades vulneran la INA en su forma de operar sus plataformas de reclutamiento laboral, los empleadores mismos son responsables si los anuncios que publican en tales plataformas vulneran la INA.

Conforme los términos de sus acuerdos conciliatorios individuales con el Departamento, los siguientes 16 empleadores pagarán sanciones civiles de distintos montos, dependiendo, en parte, del número de anuncios discriminatorios que publicaron:

Además de pagar las sanciones civiles, los 16 empleadores también deberán obligar a su personal de reclutamiento a participar en una capacitación sobre sus deberes en virtud de la disposición antidiscriminatoria de la INA y abstenerse de incluir designaciones específicas de estatus migratorio o de ciudadanía en sus anuncios de trabajos en las universidades al menos que tales restricciones sean requeridas por ley. También asegurarán que sus demás prácticas y políticas de reclutamiento cumplan con la disposición antidiscriminatoria de la INA.

La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados de la División de Derechos Civiles es responsable de hacer cumplir la disposición antidiscriminatoria de la INA. La ley prohíbe la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía o nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión; prácticas documentales injustas y represalias e intimidación.   

Para aprender más sobre la labor de la IER y cómo conseguir ayuda, vea este vídeo corto. El sitio web de la IER tiene información sobre cómo los empleadores pueden evitar la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía en la contratación y el reclutamiento. Aquellos aspirantes o empleados que creen haber sido discriminados por motivos de su estatus migratorio, ciudadanía o nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido, reclutamiento o verificación de la elegibilidad para trabajar (Formulario I-9 e E-Verify) o sujetos a represalias pueden presentar una denuncia. El público también puede llamar a la línea directa de la IER para trabajadores al 1-800-255-7688 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); llamar a la línea directa de la IER para empleadores al 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); enviar un correo electrónico a IER@usdoj.gov; inscribirse a un seminario en línea gratuito; o visitar los sitios web de la IER en inglés o español. Para recibir las últimas noticias de la IER, inscríbase a GovDelivery.