Dos intermediarios acusados formalmente por su supuesta participación en ardid para sobornar a funcionarios en empresa eléctrica estatal en México

WASHINGTON – Dos intermediarios fueron acusados formalmente por sus supuestos papeles en una conspiración para pagar y lavar sobornos a funcionarios gubernamentales mexicanos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa estatal de servicios públicos, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar de la División Criminal Lanny A. Breuer; el Fiscal Federal André Birotte del Distrito Central de California; Steven M. Martínez, Agente Especial a Cargo de la Oficina Local en Los Ángeles del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]; y Leslie DeMarco, Agente Especial a Cargo de la Oficina Local en los Ángeles de la División de Investigación Criminal de Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service - Criminal Investigation (IRS-CI)]. 

Enrique Faustino Aguilar Noriega, 56, de Cuernavaca, México, fue acusado en una acusación formal de siete cargos emitida por un gran jurado federal en Los Ángeles el 15 de septiembre de 2010 de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)], violaciones a la FCPA, conspirar para lavar dinero y lavado de dinero. Ángela María Gómez Aguilar, 55, de Cuernavaca, fue acusada de conspirar para lavar dinero y lavado de dinero.

Según la acusación formal, la CFE es responsable de suministrar electricidad en México y realiza contratos con empresas mexicanas y extranjeras por bienes y servicios para ayudar a brindar servicios eléctricos a sus consumidores.

La acusación formal alega que Enrique y Ángela Aguilar eran directores de Grupo Internacional de Asesores S.A. (Grupo), que alegaba brindar servicios de representación de ventas para empresas que hacían negocios con la CFE. Según la acusación formal, Grupo fue contratada por una empresa con sede en Azusa, Calif. como representante de ventas en México y para obtener contratos con la CFE. Grupo recibía un porcentaje de los ingresos obtenidos por la empresa con sede en Azusa por sus contratos con la CFE. La empresa con sede en Azusa fabricaba sistemas de restauración de emergencia y otros equipos usados por empresas de electricidad. Según la acusación formal, muchos de los clientes de la empresa eran empresas de servicios públicos estatales extranjeras, entre ellas la CFE, que era uno de los mayores clientes de la empresa.

Aproximadamente entre febrero de 2002 y marzo de 2009, Enrique Aguilar y sus coconspiradores supuestamente orquestaron un ardid en el que Enrique Aguilar recibía una comisión del 30 por ciento de todos los bienes y servicios que la empresa con sede en Azusa le vendía a la CFE, aunque esta comisión era significativamente mayor que la recibida por anteriores representantes de ventas de la empresa. La acusación formal alega que los coconspiradores de Enrique Aguilar comprendían que toda la comisión del 30 por ciento o parte de ella se usaría para pagar sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de que la CFE le otorgara contratos a la empresa con sede en Azusa. Se alega que los costos de los bienes y servicios vendidos a la CFE eran aumentados un 30 por ciento para asegurarse de que el costo agregado pagado a Enrique Aguilar fuera absorbido por la CFE y no por la empresa con sede en Azusa.

Se alega que Enrique Aguilar provocó la presentación de facturas fraudulentas de Grupo a la empresa con sede en Azusa por 30 por ciento del precio del contrato. Según la acusación formal, luego un coconspirador transfería el dinero solicitado en las facturas fraudulentas a la cuenta de corretaje de Grupo, supuestamente a sabiendas de que las facturas eran fraudulentas y los fondos se estaban usando como sobornos.

Se alega que Enrique y Ángela Aguilar luego lavaban el dinero en la cuenta de corretaje de Grupo para realizar pagos ocultos en beneficio de funcionarios de la CFE. Según la acusación formal, Enrique y Ángela Aguilar compraron un yate de aproximadamente $1.8 millones de dólares y un Ferrari de $297,500 dólares a un funcionario de la CFE. Según la acusación formal, Enrique y Ángela Aguilar también pagaron facturas de American Express de un funcionario de la CFE por un valor total superior a $170,000 dólares y enviaron aproximadamente $600,000 dólares a familiares de un funcionario de la CFE.

Ángela Aguilar fue arrestada el 10 de agosto de 2010 por una demanda criminal cuando viajó a Houston procedente de México. Fue ordenada su detención y fue trasladada al Distrito Central de California, donde permanece bajo custodia.

Una acusación formal es apenas una acusación y los demandados son considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad, más allá de la duda razonable.

El cargo de conspiración bajo la FCPA conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa de $250,000 dólares o el doble del valor ganado o perdido, lo que sea mayor. Cada uno de los cuatro cargos bajo la FCPA tiene una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa de $100,000 dólares o el doble del valor ganado o perdido, lo que sea mayor. Los cargos de conspiración y gran lavado de dinero tienen una sentencia máxima cada uno de 20 años de prisión y una multa de $500,000 dólares o el doble del valor de la propiedad asociada a la transacción, lo que sea mayor. La acusación formal también da aviso de confiscación criminal.

Están cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante Principal Nicola J. Mrazek de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Douglas M. Miller en el Distrito Central de California. El caso fue investigado por la Oficina Local en los Ángeles del FBI y la Oficina Local en Los Ángeles de IRS-CI, con la asistencia de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. El Abogado Litigante Christopher Dana de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal brindó asistencia significativa en el caso.