Cuatro detenidos por el incidente de tráfico de personas en un tráiler que resultó en 53 muertes

Cuatro ciudadanos mexicanos fueron detenidos ayer en San Antonio, Houston y Marshall, Texas, por su presunta participación en un incidente de tráfico de personas en un tráiler que resultó en 53 personas indocumentadas fallecidas y 11 lesionadas hoy hace  un año.

“Los traficantes de personas se aprovechan de la esperanza de los migrantes de una vida mejor, pero su única prioridad es obtener ganancias”, señaló el fiscal general Merrick B. Garland. “Trágicamente, 53 personas que habían sido hacinadas en un tráiler en Texas y soportaron horas de inimaginable crueldad,  perdieron la vida debido a este plan despiadado. Los traficantes de personas que ponen en riesgo la vida de las personas para obtener ganancias e infringen nuestras leyes no podrán esconderse por mucho tiempo: Los encontraremos y los llevaremos ante la justicia”.

“El anuncio de hoy es otro paso importante en nuestro esfuerzo sin precedentes contra los traficantes”, expresó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas. “Estas acusaciones formales son el resultado directo de todo un esfuerzo del gobierno para prevenir estos horribles crímenes y es la campaña más grande de este tipo en la historia de los Estados Unidos. Los traficantes de personas harán cualquier cosa para obtener ganancias, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuará haciendo todo lo posible para detenerlos. Estoy agradecido por el liderazgo de nuestro equipo de Investigación de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU., por buscar justicia para las 53 vidas perdidas el año pasado”.

Estos cargos fueron el resultado de los esfuerzos coordinados de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA), que el fiscal general Garland estableció en junio de 2021 en colaboración con el secretario Mayorkas, para fortalecer los esfuerzos generales de los departamentos para combatir estos delitos en función del aumento del tráfico prolífico y peligroso que proviene de Centroamérica y afecta a nuestras comunidades fronterizas. JTFA mejora los esfuerzos de las autoridades del orden público de los EE. UU., contra los grupos de tráfico y trata de personas más prolíficos y peligrosos que operan en México, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Según documentos judiciales, entre diciembre de 2021 y junio de 2022, Riley Covarrubias-Ponce, también conocido como Rrili, también conocido como Rilay, 30 años; Felipe Orduña-Torres, también conocido como Cholo, también conocido como Chuequito/Chuekito, también conocido como Negro, 28 años; Luis Alberto Rivera-Leal, también conocido como Cowboy, 37 años; y Armando Gonzáles-Ortega, también conocido como El Don, también conocido como Don Gon, 53 años, están acusados de participar en una organización de tráfico de personas que traía ilegalmente adultos y niños de Guatemala, Honduras y México a los Estados Unidos. Los presuntos traficantes trabajaron en conjunto para transportar a los migrantes compartiendo rutas, guías, escondites, camiones, remolques y transportadores para consolidar costos, minimizar riesgos y maximizar ganancias. La organización mantuvo una variedad de tractores y remolques para sus operaciones de contrabando, algunos de los cuales estaban guardados en un estacionamiento privado en San Antonio.

“Hoy hace un año, un delito impensable perpetrado por traficantes de personas en nuestra frontera sur causó la muerte de 53 seres humanos”, señaló la fiscal general adjunta Lisa O. Mónaco. “Pero las detenciones de hoy demuestran que aquellos que buscan sacar provecho de la desesperación serán llevados ante la justicia. Al trabajar con colaboradores internacionales, el Departamento de Justicia responde a la delincuencia organizada internacional y envía un mensaje claro de que no existe un refugio seguro para el tráfico de armas de fuego, narcóticos letales o seres humanos”.

“Esta horrible tragedia pone de relieve el cruel desprecio que las organizaciones criminales de traficantes tienen por la vida humana, incluidas las vidas de los niños”, expresó el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Penal del Departamento de Justicia. “Estas acusaciones formales y detenciones son otro paso adelante para obtener justicia y rendición de cuentas por estas muertes sin sentido. La Fuerza de Tarea Conjunta Alfa se mantendrá firme en sus esfuerzos para frustrar estos planes mortales impulsados por la codicia a expensas de la seguridad y la protección”.

La acusación formal alega que en los días previos al 27 de junio de 2022, Covarrubias-Ponce, Orduña-Torres y otros intercambiaron los nombres de personas indocumentadas que serían traficadas en un tráiler. Los cuatro nuevos acusados imputados en la acusación formal supuestamente orquestaron la obtención de un tráiler vacío y su correspondiente entrega al conductor el 27 de junio. El conductor, Homero Zamorano Jr. de Elkhart, Texas, fue imputado previamente en una acusación formal de julio de 2022 junto con Christian Martínez, de Palestina, Texas. Orduña-Torres supuestamente proporcionó la dirección de Laredo, Texas, en la que Zamorano cargó a los migrantes en el tráiler. La acusación formal también alega que González-Ortega viajó a Laredo para localizar el tráiler, donde al menos 66 personas indocumentadas, incluidos ocho niños y una mujer embarazada, fueron subidos en la parte trasera para traficarlas. Martínez, Covarrubias-Ponce, Orduña-Torres, Rivera-Leal y Gonzáles-Ortega supuestamente coordinaron, facilitaron, pasaron mensajes y se mantuvieron informados sobre el avance del tráiler.

“Las alegaciones en la acusación formal son espantosas”, dijo el fiscal federal Jaime Esparza para el Distrito Oeste de Texas. “Docenas de hombres, mujeres y niños desesperados y vulnerables confiaron en los traficantes, quienes los abandonaron en un tráiler cerrado para luego perecer en el despiadado verano del sur de Texas. Gracias a nuestros colaboradores de las fuerzas del orden público a nivel local, estatal y federal, con la División de Investigaciones de Seguridad Nacional de San Antonio a la cabeza de la investigación, estamos un paso más cerca de hacer justicia para esos migrantes y sus familias”.

Algunos de los acusados supuestamente sabían que la unidad de aire acondicionado del tráiler no funcionaba bien y que no salía aire fresco para los migrantes que estaban dentro. Cuando los miembros de la organización se encontraron con el tráiler al final de su viaje de casi tres horas a San Antonio, abrieron las puertas y encontraron que 48 de los migrantes, incluida la mujer embarazada,  estaban muertos. Dieciséis de los indocumentados fueron transportados a hospitales y cinco de ellos murieron allí.

“Hoy hace un año, HSI respondió a una situación de tráfico masivo de personas con víctimas  que ocurrió en San Antonio, terminó en la muerte de 53 no ciudadanos indocumentados de México, Guatemala y Honduras”, comentó el alto funcionario que desempeñaba las funciones del subdirector PJ Lechleitner de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Las acusaciones formales anunciadas hoy enfatizan que trabajaremos incansablemente para llevar ante la justicia a los responsables de esta horrible tragedia. HSI continúa los esfuerzos de investigación con la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa y los colaboradores internacionales para desmantelar las redes de traficantes que no demuestran aprecio por la vida humana”.

Cada acusado está imputado de un cargo de asociación delictuosa para transportar extranjeros ilegales con resultado de muerte, asociación delictuosa para transportar extranjeros ilegales con resultado de lesiones corporales graves y poner vidas en peligro, transporte de extranjeros ilegales con resultado de muerte y transporte de extranjeros ilegales con resultado de lesiones graves corporales y poner vidas en peligro. Si son condenados por los cargos principales, cada uno enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

HSI está investigando el caso con la valiosa asistencia de Aduanas y Protección Fronteriza, Patrulla Fronteriza, Operaciones de Detención y Deportación de ICE, FBI, ATF, Departamento de Policía de San Antonio, Oficina del Alguacil del Condado de Bexar, Departamento de Bomberos de San Antonio, Departamento de Policía de Marshall y Departamento de Policía de Palestina.

Los fiscales federales adjuntos Eric Fuchs, Sarah Spears y Amanda Brown para el Distrito Oeste de Texas están procesando el caso.

Desde su creación, JTFA ha aumentado con éxito la coordinación y la colaboración entre el Departamento de Justicia, el DHS y otros participantes interinstitucionales del orden público, y con colaboradores extranjeros del orden público, incluido en El Salvador, Guatemala, Honduras y México; se ha dirigido contra aquellas organizaciones que tienen el impacto más significativo en los Estados Unidos; y coordinando importantes acusaciones formales de tráfico y esfuerzos de extradición en las fiscalías federales de los Estados Unidos en todo el país. JTFA está compuesto por fiscales de las fiscalías federales de los EE. UU. en la frontera suroeste, incluido el Distrito Sur de Texas, el Distrito Oeste de Texas, el Distrito de Nuevo México, el Distrito de Arizona y el Distrito Sur de California. Numerosos componentes de la División Penal del Departamento de Justicia que forman parte de JTFA también brindan apoyo dedicado para el grupo de tarea, dirigido por la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales (HRSP) y apoyado por la Oficina de Desarrollo Procesal, Asistencia y Capacitación (OPDAT), la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas (NDDS), la Sección de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos (MLARS), la Oficina de Operaciones del Orden Público (OEO), la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia y la Sección de Delincuencia Organizada y Pandillas (OCGS). JTFA es posible gracias a una inversión sustancial en las fuerzas del orden público por parte del DHS, el FBI, la DEA y otros colaboradores.

Una acusación formal es simplemente un alegato. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.