Dos ciudadanos peruanos se declaran culpables de defraudar a miles de inmigrantes estadounidenses de habla hispana.

Dos ciudadanos peruanos responsables de operar una serie de centros de llamadas en Perú, que defraudaron a residentes estadounidenses de habla hispana al amenazarlos falsamente con arresto, deportación y otras consecuencias legales, se declararon culpables de cargos federales en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Josmell Espinoza Huerta (Josmell Espinoza), de 32 años, y su hermano Carlos Alberto Espinoza Huerta (Carlos Espinoza), 40 de años, ambos originarios de Lima, Perú, se declararon culpables por su papel en la conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico por medio de varios centros de llamadas en Perú de los que ellos era propietarios y operaban.

De acuerdo con los documentos judiciales, Josmell y Carlos Espinoza eran copropietarios y operaban el centro de llamadas JFC Perú, en Perú. Además, Josmell Espinoza era propietario y operaba los centros de llamadas Camino Al Progreso y Latin Shop y Carlos Espinoza era propietario y operaba por separado los centros de llamadas Latinos en Acción and Latin Force en Perú. 

Desde abril de 2011 hasta julio de 2019, los hermanos Espinoza y sus cómplices en Perú le llamaron a las víctimas, muchos de ellos habían inmigrado recientemente de Centroamérica, México y otros países de habla hispana, y los amenazaron de forma fraudulenta con consecuencias legales si no cumplían con los pagos de productos que supuestamente se habían entregado y el pago de clases del idioma inglés. Los acusados y sus cómplices utilizaron falsas declaraciones y amenazas para obtener dinero de las víctimas en todo Estados Unidos al decirle a las víctimas que debían aceptar y pagar cursos del idioma inglés y otros productos educativos y de no hacerlo se pondrían en riesgo legal. Los acusados y sus cómplices entonces amenazaban falsamente a las víctimas con arresto y deportación para obtener los pagos de muchas víctimas vulnerables en el Sur de Florida y en todo Estados Unidos.

Al declararse culpables, ambos acusados admitieron que ellos y sus empleados afirmaron falsamente se abogados, funcionarios judiciales, agentes federales y representantes del llamado “tribunal de delitos menores”, que no existe. Las personas que llamaron amenazaron falsamente a las víctimas con procedimientos judiciales, marcas negativas en sus reportes de crédito, cárcel y consecuencias migratorias si no pagaban de inmediato los productos que supuestamente se entregaron y las cuotas de liquidación. Carlos Espinoza provocó que las víctimas perdieran más de $1.3 millones y Josmell Espinoza provocó que las víctimas perdieran más de $700,000.

 “La rama de Protección del Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá y enjuiciará firmemente a los criminales transnacionales que defrauden a consumidores estadounidenses vulnerables”, dijo el Secretario de Justicia General Interino, Brian M. Boynton, de la División Civil del Departamento de Justicia. “Quienes se hagan pasar por funcionarios del gobierno de Estados Unidos y amenacen para aprovecharse de nuestras comunidades de inmigrantes se enfrentarán a la justicia y se harán responsables ante los tribunales de Estados Unidos”.

 “Este caso demuestra que el gran brazo de la justicia no tiene límites cuando se trata de llegar hasta los estafadores que se aprovechan de las poblaciones más vulnerables de nuestra nación”, dijo el Fiscal Federal Interino de Estados Unidos, Juan Antonio González, del Distrito Sur de Florida. “Continuaremos llevando la justicia a los criminales transnacionales que utilizan tácticas de miedo e intimidación para robar dinero de los inmigrantes, personas mayores y otras personas que viven en este país”.

 “Durante muchos años, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y sus socios del orden público encargados de investigar y procesar las redes criminales internacionales que tienen como objetivo consumidores estadounidenses para robar el dinero que tanto les costó ganar”, dijo el Inspector a Cargo, Joseph Cronin, de la División de Miami del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos. “Continuaremos persiguiendo a estos criminales para garantizar que se procesan con todo el peso de la ley”.

Al declararse culpable Carlos Espinoza hoy en Miami, ya se declararon culpables los siete acusados en este asunto. En julio de 2019 se arrestó a cuatro de los cómplices acusados y en enero de 2020 se arrestó a otro. Esos cinco acusados se extraditaron al Distrito Sur de Florida en octubre de 2020 y fueron sentenciados a cumplir importantes condenas de prisión a principios de este año. Se sentenció a Henrry Milla a 110 meses de prisión, Jerson Rentería fue sentenciado a 100 meses en prisión y Evelyng Milla, Fernan Huerta y Omar Cuzcano cada uno fue sentenciado a 90 meses en prisión.

Carlos Espinoza y Josmell Espinoza evitaron ser arrestados cuando se arrestó a sus cómplices y después fueron localizados en Perú y se extraditaron a Estados Unidos el 25 de junio. El Juez de Distrito de Estados Unidos Robert N. Scola, Jr. sentenciará a Josmell Espinoza en Miami el 9 de febrero de 2022 y a Carlos Espinoza el 14 de febrero de 2022.

El Servicio de Inspección de Estados Unidos y la División de Protección al Consumidor de la División Civil investigaron el caso. El Abogado Litigante Principal Phil Toomajian y el Abogado Litigante Max Goldman de la Rama de Protección al Consumidor están procesando el caso. La Comisión Federal de Comercio, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Policía Nacional de Perú proporcionaron asistencia de crítica importancia.

La información sobre la iniciativa contra el fraude a personas mayores del Departamento de Justicia se encuentra disponible en www.justice.gov/elderjustice. Se puede encontrar información adicional sobre la Rama de Protección al Consumidor y sus esfuerzos para hacer cumplir el fraude a personas mayores en www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch. Si usted o alguien que conoce que tiene 60 años o más y fue víctima de fraude financiero, puede encontrar ayuda en la Línea Directa Nacional Contra el Fraude a Personas Mayores: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311).